El pleno extraordinario y urgente convocado para este martes en la Diputación de Lugo ha aprobado la compra de una acción del capital social de Tragsa y el encargo a esta entidad del mantenimiento de las zonas verdes con los votos a favor de los integrantes del gobierno provincial, PSOE y BNG, y el rechazo del PP.

La institución provincial convocó la sesión después de conocerse la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número uno de la ciudad que estima un recurso presentado por el Grupo Provincial del PP y anula un decreto de la Presidencia de la Diputación con fecha del 13 de diciembre de 2019, por el que el gobierno decidió entrar en el accionariado de Tragsa al comprar una acción.

El fallo, que la Diputación recurrirá ante el TSXG, también anula el acuerdo de la junta de gobierno del 27 de diciembre de 2019 por el que, con base en el citado decreto de la Presidencia, decide encargar a Tragsa el mantenimiento de las zonas verdes, un servicio que antes hacía Suplusa. Además, señala que la Diputación tendrá que pagar las costas procesuales.

En concreto, se incumplió el artículo 33 de la Ley de Bases de Régimen Local. «Cuando afecta a la estructura organizativa, las competencias son claramente del pleno, tal y como dijo el PP en el pleno de disolución y, en otras ocasiones, y no se nos hizo caso», señaló el PP.

Tras ello, este martes, socialistas y nacionalistas han aprobado con mayoría absoluta en el pleno ratificar la adquisición por parte de la Diputación de la acción, una resolución de la Presidencia por la que la empresa pública pasó a tener consideración de medio propio personificado de la institución y el acuerdo de la junta de gobierno por el que se encargó a la misma el servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes.

Tal y como ha señalado en un comunicado el gobierno provincial, los servicios jurídicos de la institución estimaron procedente adoptar acuerdo por el pleno en el mismo sentido que los adoptados por las corporaciones con el objetivo de «extremar las garantías de seguridad jurídica en las actuaciones provinciales» en tanto no se resuelva el recurso de apelación presentado ante el TSXG contra la sentencia.

Para ello, este mismo martes se ha reunido la corporación en una sesión plenaria en la que salieron adelante, con los votos a favor del PSdeG y el BNG y en contra del PP, tres puntos de acuerdo para ratificar la compra de esta acción y el encargo del servicio de mantenimiento.

En el pleno, el presidente de la Diputación, José Tomé, ha mostrado su máximo respeto a la Justicia pero ha sostenido que las sentencias «en muchas ocasiones las cambia otro tribunal de rango superior». «Por lo tanto, deberíamos aplicar la presunción de inocencia mientras los autos no sean firmes», ha indicado.

Además, la portavoz socialista, Pilar García Porto, ha señalado que el gobierno de la institución actuó «siempre, en todo momento, conforme a informes y criterios técnicos de los servicios jurídicos», tanto para proceder en su momento a la compra de la acción, como para recurrir la sentencia.

EL PP CRITICA LAS «CHAPUZAS» DEL GOBIERNO PROVINCIAL

Por su parte, el Grupo Provincial del PP ha justificado su voto en contra para «no ser cómplice de las chapuzas del gobierno provincial, más propias de Pepe Gotera y Otilio que de un gobierno serio y riguroso como merece la Diputación de Lugo».

El portavoz de los populares Javier Castiñeira ha señalado que «no hay una memoria económica que justifique la entrada de la Diputación de Lugo en el accionariado de Tragsa» y que no se justifica todos los encargos hechos, por seis millones de euros, así como los sucesivos que se harán con base en este acuerdo. «Esto es cerrar en falso un asunto que se gestionó mal desde el principio», ha indicado.