El Juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Lugo ha anulado la entrada de la Diputación de Lugo en el accionariado de Tragsa y la contratación a esta empresa del servicio de mantenimiento de las zonas verdes que antes hacía Suplusa.

En concreto, en una sentencia con fecha del 31 de marzo y que ha dado a conocer este viernes el PP de Lugo, el juzgado estima un recurso presentado por el Grupo Provincial del PP y anula un decreto de la Presidencia de la Diputación con fecha del 13 de diciembre de 2019, por el que el gobierno decidió entrar en el accionariado de Tragsa al comprar una acción.

Asimismo, anula el acuerdo de la junta de gobierno del 27 de diciembre de 2019 por el que, con base en el citado decreto de la Presidencia, decide encargar a Tragsa el mantenimiento de las zonas verdes, un servicio que antes hacía Suplusa. Además, el fallo judicial señala que la Diputación tendrá que pagar las costas procesuales.

La decisión judicial ha sido dada a conocer este viernes por la presidenta provincial del PP, Elena Candia, y los diputados populares, en un acto en el que Javier Castiñeira ha señalado que «una vez más» el PP es capaz de «demostrar la falta de espíritu democrático y la prepotencia», «no solo del presidente provincial, José Tomé, sino del bipartito provincial, que tomó decisiones por encima de sus competencias y vulneró los derechos de los diputados y de la corporación provincial.

Así, el PP indica que, concretamente, se incumplió el artículo 33 de la Ley de Bases de Régimen Local, tal y como señala el juzgado. «Cuando afecta a la estructura organizativa, las competencias son claramente del pleno, tal y como dijo el PP en el pleno de disolución y, en otras ocasiones, y no se nos hizo caso», ha apuntado.

El PP provincial sostiene que ahora, dos años después, «el daño está hecho» y asegura no entender por qué el equipo de gobierno «no quiso atender antes» sus sugerencias y se pregunta por los motivos de esas contrataciones «exprés» de Tragsa, que después conllevaron numerosos encargos de servicios sin el procedimiento de contratación legal y que ahora quedan nulos de pleno derecho.

«Tenemos que decir que, con base en eso, se contrataron varios servicios a Tragsa, por valor de más de seis millones de euros, entre ellos el mantenimiento de las zonas, la limpieza de edificios provinciales, otros servicios en ayuntamientos como Monforte, Vilalba o Pol, y obras que no podrían ser encargadas porque el procedimiento de entrada en el accionariado de Tragsa fue ilegal», ha apuntado.

Los populares anuncian que estudiarán todas las acciones posibles, toda vez que advirtieron en tiempo y forma de estas circunstancias. Además, ponen de manifiesto que el gobierno provincial «hizo discriminación entre los trabajadores».

«LA SENTENCIA NO ES FIRME»

Por su parte, la portavoz socialista en la Diputación, Pilar García Porto, que ha explicado que el gobierno provincial aún no tiene conocimiento formal de este fallo judicial, ha señalado que se trata de una sentencia «en primera instancia» que aún «no es firme» y contra la que «cabe recurso de apelación» ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Tras ello, ha incidido en que la Diputación de Lugo siempre está «atenta» a lo que señalan los servicios jurídicos y que, en función de los informes técnicos, «se actúa».

«A nivel político nos daría exactamente igual llevar este asunto a una junta de gobierno y aprobarlo como un asunto más de los que damos cuenta cada viernes o llevarlo a un pleno, porque en ambos casos tenemos la mayoría y saldría adelante», ha incidido.

Además, ha sostenido que, en su momento, se actúe con base en las recomendaciones de los servicios jurídicos y que así «lo seguirá haciendo». «Por lo tanto, si se tiene que ir a pleno, se irá a pleno, siempre al amparo de los informes jurídicos pertinentes», ha señalado.