El pleno del Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra del Partido Popular, la abstención del PSdeG y el ‘sí’ del BNG, la toma en consideración de una proposición de ley de iniciativa popular sobre la salud mental en Galicia.

Así, fue la presidenta de la Fundación para el Cuidado de la Salud Mental en Galicia (Salma), Ana Lucía González Novás, la encargada de defender esta iniciativa popular en el Parlamento, insistiendo en la importancia de buscar «soluciones» a un «problema que existe».

«Los servicios especializados de salud mental no son accesibles», ha lamentado González, indicando que los pacientes tienen que esperar entre tres y cuatro meses para acudir a la primera cita con un psiquiatra, para una consulta de unos «15 minutos», lo que hace «imposible» realizar un diagnóstico acertado.

En este sentido, ha asegurado que los problemas de salud mental derivan en «exclusión social y marginación» si no son tratados a tiempo o son «mal atendidos». También ha indicado que no solo los enfermos sufren estos problemas, sino sus familias, «especialmente las mujeres», que son las que se encargan en la mayoría de las ocasiones de cuidarlos.

La propuesta fue debatida en el Parlamento de Galicia por los grupos de la Cámara, empezando por el diputado socialista Julio Torrado, quien ha indicado que Galicia tiene un «problema» que la política «no supo solucionar».

Para él, los gallegos en la actualidad «no tienen un derecho real» a disponer de atención para su salud mental, lo cual ha lamentado y ha pedido a la Xunta una solución. Sin embargo, ha reconocido que en el marco regulatorio actual ya hay mecanismos para mejorar el sistema público, por lo que «no es fundamental» una nueva ley.

Según la diputada nacionalista María Monserrat Prado, la salud mental es una de las «grandes damnificadas» de las políticas sanitarias del PP en la Xunta de Galicia. «Si la situación ya era grave, ahora se ha agrandado por la pandemia», ha lamentado.

Así, ha reivindicado que «no es aceptable» que la situación se mantenga, por lo que desde su partido se ha apoyado la iniciativa popular, aunque reconociendo que no están de acuerdo en el total de su contenido, pero ha explicado que se podría mejorar con propuestas aportadas por los partidos.

Sin embargo, la parlamentaria ‘popular’ María Encarnación Amigo ha puesto en valor la legislación actual donde se reconoce a los pacientes de salud mental los mismos derechos que tienen todos los demás pacientes.

Tal como ha indicado, la salud mental es para la Xunta una «prioridad», por lo que en 2020 se publicó el plan de Salud Mental, que ya está adaptado a la nueva realidad de la pandemia y que incluye 98 proyectos para la prevención y la mejora asistencial, con 83 millones de euros de presupuesto.

También ha detallado los programas que desde el Ejecutivo gallego se han puesto en marcha en este sentido, reconociendo que no se renuncia a seguir mejorando el sistema y ha agradecido las aportaciones populares.