Trabajadores de residencias geriátricas privadas y centros de día de Galicia se han manifestado este viernes por las calles del centro de Vigo para denunciar la «precariedad» en su sector y para reclamar un convenio colectivo «digno», en una movilización convocada por CIG, CC.OO. y UGT.

La marcha salió de la calle Gran Vía, a la altura de la residencia Ballesol, para concluir frente a las oficinas de DomusVi en la calle García Barbón, e iba encabezada por una pancarta con el lema «Personal esencial en lucha por un convenio digno».

La protesta de este viernes es la antesala de la huelga indefinida a la que está convocada el sector a partir de las 22,00 horas del 17 de marzo próximo. Un día antes, las trabajadoras volverán a salir a la calle, en esa ocasión en Santiago, para hacer oír sus demandas, con una manifestación a las 11,00 horas desde San Caetano hasta el Parlamento.

El colectivo, con unos 12.000 empleos en la Comunidad, ha denunciado las condiciones en las que llevan a cabo su labor, con falta de personal y medios, y han criticado que la patronal ha «torpedeado» cualquier intento de negociación.

Los sindicatos han apuntado que estas profesionales (en su mayoría mujeres) tienen salarios «miserables» y reclaman subidas que se adecúen al actual contexto socioeconómico; también reclaman medidas de conciliación familiar, mejoras en sus bajas o en materia de seguridad laboral.

También han censurado que la patronal está controlada por grandes grupos, que «hacen caja» a costa de las personas usuarias y de mantener a sus plantillas en situación de precariedad, teniendo muchas de ellas concierto con la Xunta, que «mira para otro lado».

Finalmente, han recordado que este conflicto «afecta a toda la sociedad gallega», porque está en juego el cuidado de los mayores, y porque se trata de un servicio esencial, cuyos trabajadores han visto empeorada su situación aún más a raíz de la pandemia.

Los tres sindicatos han dirigido un escrito a la Valedora do Pobo para denunciar estos problemas, los cambios de jornada, las sobrecargas de trabajo, y la negativa de la patronal a negociar «un convenio colectivo digno».