Áurea Soto, que fue edil socialista en el Ayuntamiento de Ourense y denunció ‘el caso del 10 %’, sostiene que su «obsesión no es Manuel Cabezas, sino que esto parase y no volviese a ocurrir».

En el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense se sientan el exalcalde de la ciudad, Manuel Cabezas, y el que fuera concejal de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, acusados de un delito de prevaricación y malversación, por haber aprobado 15 proyectos sin la correspondiente cesión del 10% del suelo al eximir a determinados promotores de ese porcentaje para el Ayuntamiento entre 1999 y 2002.

La querella por esta situación la presentó la edil de la oposición (PSOE) entre 2003 y 2007, responsable del área de urbanismo desde ese año hasta el 2015, Aurea Soto, que este miércoles ha comparecido en la Audiencia Provincial en la tercera sesión del juicio.

La exconcejala ha sido tajante: «La cesión no era interpretable, era aplicar la Constitución, no se podía aplicar un acuerdo contrario a la ley, lo decía con claridad la ley de 1997».

Así, ha expuesto que el acuerdo de Pleno de 1994, en el que se amparan los acusados, «era contrario a la ley» y también que en Ourense «había una situación singular», aludiendo a que ya «lo reflejó así el Consello de Contas» en el informe de fiscalización.

«Las cosas que escuché en urbanismo en Ourense no las he escuchado en ningún otro sitio», ha afirmado la exconcejala. «Era conocido en todo el mundo. Yo trabajaba en Santiago de Compostela y se sabía», apunta.

«PRESIÓN CONSTANTE»

Los acusados se defienden con los informes técnicos. Aseguran que solo aprobaron los expedientes que ya tenían propuesta de aprobación por parte de los informes técnicos y jurídicos.

Para la exedil «en todos los informes se decía que no se cumplía la Ley». Sin embargo, ha relatado que cuando se incorporó a la Corporación en el año 2003 habló con el secretario del ayuntamiento para decirle que la exención «no podía ocurrir más», y él le dijo que «ya no se iba a hacer». Pese a ello, «no le cabía duda de que seguiría así con la presión suficiente», lo que, ha trasladado, motivó la querella.

Según sus propias palabras, «existía una presión constante para que la exención se mantuviera» y entre los técnicos «no había debate sobre el tema porque todo el mundo estaba escandalizado y tenía miedo».De este modo justifica que los técnicos aportasen informes favorables con propuesta de aprobación pese a las advertencias de ilegalidad.

«EN TODA GALICIA SE SABÍA»

A preguntas de los abogados de la defensa sobre por qué denunció en el 2014 y no en el 2007 cuando entró a la corporación, ha narrado que la jurídica del servicio de urbanismo le trasladó que «estaba prescrito».

No obstante, también ha recordado que en el 2003, ya con un nuevo plan en vigor y a pesar de que el secretario le había trasladado que no se volvería a repetir la exención del 10%, se «enteró en los pasillos que se había hecho un proyecto más».

«Esto no solo ocurrió por la parte política, sino también por las partes beneficiadas, la presión para que esto se siguiese manteniendo fue enorme». «En toda Galicia se sabía que en Ourense los promotores se quedaban con el 10%».

TESTIGOS DE LA DEFENSA

También han testificado testigos de la defensa, entre ellos varios antiguos políticos de la ciudad como Enrique Novoa, el que fue concejal de urbanismo después de Campo Labrador. Al igual que técnicos anteriores ha trasladado que los expedientes se aprobaban por unanimidad con informes favorables.

Novoa sucedió en el cargo al edil acusado y en el 2007, cuando entró Soto en la Concejalía de Urbanismo solicitó un informe para cifrar el alcance económico de haber perdonado las exenciones. Ha mantenido que lo hizo para «tener una hipótesis de una defensa contra un debate público y político» provocado por Soto.

«Pedí un informe de cuánto perdía el Ayuntamiento si no se hubiera aprobado aquel acuerdo», ha manifestado. Con todo, señala que antes de que se aprobasen los proyectos la oposición podían consultar los informes, «se llamaba el técnico y él venía a explicarlos». También indica que Manuel Cabezas «tenía como prioridad que se llevasen los informes favorables».

Además, ha asegurado sentirse «tranquilo» porque «tenían el visto bueno del secretario», una persona que «entendía muchísimo de urbanismo, era muy brillante y seguro de sí mismo».

Por su parte, el concejal de Infraestructuras en esos años, José Luis Rodríguez, ha sostenido que se «presumió de la buena gestión de la ciudad» durante las tres legislaturas en las que él estuvo, y ha incidido en que el acuerdo plenario estaba avalado por el informe del secretario. «Llevaba el nombre de informe elefante porque era un buen tocho y hacía falta leerlo poco a poco», agrega.

También se ha reproducido la declaración en vídeo de otro testigo, concejal delegado de urbanismo entre 1995 y 1999. Ha dicho que el acuerdo se hizo para «facilitar la producción de vivienda, el mercado inmobiliario, que se construyese más y que bajase el precio», un acuerdo, ha matizado, el cual «fue útil porque había un mercado muy movido».