La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha afirmado que el traspaso de la titularidad de la autopista AP-9 a Galicia «parecería que tiene difícil encaje» en el actual marco de bonificaciones que asume el Gobierno central.

Así se ha referido, a preguntas de los periodistas en un acto a Santiago, a la reclamación de la comunidad de la transferencia de la autopista, a lo que ha respondido con el «conjunto de bonificaciones históricas» aprobadas hace «pocos meses».

«Supone un esfuerzo importante a cargo de los presupuestos generales del estado y es el ministerio y el gobierno quien paga, y por tanto parecería que tiene difícil encaje en ese marco de bonificaciones que se asumen por parte del ministerio proceder a una transferencia de la titularidad de esa autopista», ha argumentado.

En cualquier caso, al término de una firma en materia de vivienda con la conselleira del ramo, ha apuntado que este asunto no ha sido abordado este miércoles. «No es una cuestión que hayamos abordado hoy pues el objeto era suscribir estos convenios», ha alegado.

SANTIAGO-DOZÓN

Cuestionada respecto a posteriores bonificaciones «que se puedan introducir en otras vías» –en concreto sobre las que demanda la Xunta para la autovía Santiago-Dozón–, la ministra ha advertido que el «modelo» del Ejecutivo central es «intentar ir corrigiendo esos desequilibrios territoriales que se han ido produciendo por decisiones adoptados por gobiernos anteriores de prorrogar concesiones de autopistas que ha generado ese impacto desigual».

«Lo que estamos intentando hacer, en la media en que tenemos posibilidades y van llegando los plazos de finalización de concesión de esas autopistas, es recuperarlas y en aquellas que no podemos recuperarlas proceder a aplicar bonificaciones», ha expuesto.

Así las cosas, ha celebrado «el incremento sustancial de las bonificaciones en la AP-9» y ha abogado por «ir poco a poco» y «ser rigurosos».

El objetivo «final» que se marca el ministerio, ha concluido, «es aplicar una buena política de modelo de tarificación de la red viaria», por un lado, y «por otra parte, intentar corregir esos desajustes que se habían producido por la prórroga de concesión de peajes que desde luego no estaban justificadas y que han producido impactos negativos».