El anteproyecto de ley de arquitectura de Galicia, que el jueves recibió ‘luz verde’ del Consello de la Xunta, instará a los poderes públicos a «preservar, fomentar» e incluso «difundir» la importancia de esta especialidad. De este modo, el texto prevé incluir en los programas de estudios de las etapas educativas obligatorias una enseñanza «transversal» de la arquitectura, el patrimonio, el paisaje y el territorio que conforman «la identidad» de Galicia.
Además, la ley fomentará una «más activa colaboración» entre las escuelas universitarias, los centros de Formación Profesional (FP) y los colegios profesionales, entre otros agentes que intervienen en esta actividad, para que la formación que imparta les acerque «a la realidad» de la profesión.
Son algunos de los aspectos recogidos en el anteproyecto de ley gallega de arquitectura, un texto al que ha tenido acceso Europa Press y que el lunes se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para inicia su período de exposición pública, durante la cual podrá sufrir modificaciones antes de su remisión al Parlamento. El objetivo, tal y como avanzó este jueves el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, es que esté aprobada y entre en vigor en 2022.
Esta norma, según recoge su artículo primero, tiene el objetivo de reconocer «el interés público de la arquitectura y el entorno construido» como un «hecho cultural identificador» de la Comunidad que los poderes públicos deben preservar y difundir.
Así, la ley tendrá una vertiente educativa en cuanto a que la Xunta incluirá la arquitectura entre los contenidos de etapas educativas tanto obligatorias como no obligatorias. De igual modo, se fomentará la investigación en propuestas y soluciones arquitectónicas «innovadoras», ya que se trata de una disciplina «en continua evolución» y que debe configurarse como «un campo de investigación, tanto dentro como fuera del ámbito académico».
También prevé este texto inicial que las administraciones públicas divulguen entre la ciudadanía los valores de la arquitectura y la calidad arquitectónica, así como que fomenten una «capacidad crítica y propositiva» que repercuta «positivamente en la configuración del entorno».
Asimismo, las instituciones intentarán que los medios de comunicación difundan «información de calidad» y «atractiva para el público» sobre este sector.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es más, el articulado de este anteproyecto obliga a regular la participación ciudadana en los procesos arquitectónicos durante la fase de planificación, para así «acomodar el entorno construido a las necesidades y expresiones» de la población.
Además, la ley blinda, como otra medida de impulso, la celebración de los Premios da Arquitectura de Galicia, que serán convocados por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda cada dos años, igual que hasta el momento –llevan dos ediciones–.
CRITERIOS «ORIENTATIVOS»
En materia administrativa, el texto prevé que el Consello de la Xunta adopte criterios «orientativos» para proyectos singulares o de especial complejidad de la Administración y demás entes del sector público autonómico, así como de otras instituciones que reciban subvenciones por parte del Gobierno gallego.
Entre ellos, están criterios relacionados con la calidad arquitectónica, con la evaluación de costes para calcular el valor estimado de la licitación; con la determinación de plazos en los que se deben presentar las propuestas; y con la sostenibilidad medioambiental, especialmente referidos a los materiales a emplear, a la gestión de residuos y a la eficiencia energética y de recursos.
ADJUDICACIÓN CONJUNTA DE REDACCIÓN Y DIRECCIÓN
Otra de las novedades –ya avanzada por Feijóo en la rueda de prensa tras el Consello del jueves– es la adjudicación conjunta de la redacción de los proyectos y la dirección de las obras, lo que permitirá «alcanzar la máxima calidad» de la contratación.
Asimismo, el anteproyecto recomienda que, en los contratos que no se tramiten como concursos de proyectos, la calidad suponga «por lo menos el 75 por ciento» de la puntuación total, mientras que la oferta económica no suponga más que el 25 por ciento.
También prevé este texto, al que ha tenido acceso Europa Press, que los contratistas acrediten su solvencia técnica mediante títulos académicos y profesionales –normalmente, se pide una relación de servicios anteriores semejantes– y que la solvencia económica se garantice mediante un seguro de responsabilidad civil –no solo con el volumen anual de negocios–.
En lo que respecta a los programas de subvenciones promovidos por el sector público autonómico y que afecten a procesos arquitectónicos, se tendrá en cuenta tanto la fase de proyecto (planificación y diseño), además de la ejecución de la obra. A tal efecto, se podrán establecer líneas de ayudas diferenciadas para ambos procesos.
A modo de cierre, este texto –se prevé que esté aprobado a lo largo de 2022– incluye una única disposición transitoria según la cual las medidas en materia de contratación no tendrán carácter retroactivo: «No serán de aplicación a los expedientes que se hubiesen iniciado antes de su entrada en vigor».
