El BNG va a buscar la unanimidad del Congreso para que la Cámara Baja rechace, a través de una declaración institucional, el uso «peyorativo» de la expresión «Galicia profunda» utilizado recientemente una jueza de Marbella en un auto.
Así lo ha anunciado el diputado nacionalista Néstor Rego, quien ha recordado que este martes el Parlamento gallego aprobó ya un texto contra «los enormes prejuicios y estereotipos» esgrimidos por la jueza María Belén Ureña Carazo, otorgó de forma cautelar la guardia y custodia de un niño de 13 meses al padre en un fallo en el que se reprochaba a la madre una actitud «deplorable» al llevarse al menor a un pueblo de la «Galicia profunda».
Según argumentaba, Marbella, donde reside el padre del pequeño, «ofrece múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz», frente a la «pequeñísima población en la Galicia profunda» donde vive la madre, que está «lejos de todo».
ESO ES «GALEGOGOBIA Y CLASISMO»
En rueda de prensa desde el Congreso, el representante del BNG no ha querido entrar en el fondo de la cuestión, pero sí ha criticado la utilización «peyorativa» del concepto de la «Galicia profunda» que, a su juicio, desprende «galegofobia y clasismo», además de «una potencial vulneración de derechos de una persona».
Es por ello que el BNG ha registrado una batería de preguntas en el Congreso con las pretende que el Gobierno se pronuncie sobre esta sentencia, explique qué va a hacer para garantizar que ningún ciudadano sea discriminado en función de su lugar de residencia y especifique si va a hacer algunas gestión ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que este tipo de argumentos no puedan ser utilizados en resoluciones judiciales.
Pero, además, y en línea con lo aprobado este martes por el PP, el BNG y el PSdeG en el Parlamento gallego, Rego ha avanzado que hará llegar a todos los grupos del Congreso una propuesta de declaración institucional de rechazo al uso de la expresión la «Galicia profunda» por lo que tiene de «ofensiva», no sólo ya para su comunidad sino para los ciudadanos que viven en zonas rurales, y por «su potencial utilización en la violación de derechos de personas».
