Un funcionario (G.P.) y el que fue inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policia Nacional de la Comisaría de Lugo procesados por tramitar prórrogas de estancia en España con información falsa han negado este martes los hechos que se les imputan en el juicio que ha arrancado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Este juicio se deriva de una pieza de la ‘Operación Carioca’, una macrocausa que abrió en 2008 la ex titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, sobre supuestas redes de prostitución en la provincia de Lugo que salpicó también a funcionarios policiales y de la Guardia Civil.

Uno de los argumentos que expuso la defensa, en este caso del funcionario, en las cuestiones previas era que la investigación había sido «prospectiva», al tiempo que apelaba a la «prescripción» del delito de su patrocinado que se encuadra dentro de «negociaciones prohibidas a funcionarios».

Para este funcionario de Extranjería, que además ejercía de abogado para tramitar las prórrogas de estancia en España, la Fiscalía pide una multa de 900 euros por esas supuestas «negociaciones prohibidas» y la inhabilitación para cargo público por tres años y una sanción de dos años de pérdida de empleo y sueldo en la administración.

Mientras, para el que fuera inspector de la Policía Nacional le piden nueve años de prisión, a razón de cuatro años y medio por cada uno de los dos delitos de falsedad en documento público. El escrito de la acusación se ciñe a dos expedientes de prórroga a favor de dos mujeres que supuestamente ejercían la prostitución en locales de alterne.

DE VACACIONES

En su declaración ante el tribunal, el policía, que lleva jubilado desde hace más de diez años, se limitó a negar los hechos. Y, sobre uno de los expedientes de prórroga, ha manifestado que en el momento en que se cursó él se encontraba de vacaciones.

También ha relatado que en esa brigada de la Comisaría de Lugo se limitaban a hacer «identificaciones en clubes de alterne». «Recogíamos la información que se podía recoger y se transmitía vía Internet a la Comisaría General de Información» en Madrid, ha explicado.