La CIG no ha firmado el preacuerdo para el ERE formulado por el BBVA al criticar que mantenga los despidos que, en el caso gallego, «podrían ser resueltos con una alternativa menos traumática y de menor impacto social».
En concreto, este martes la entidad financiara y representantes de los trabajadores han cerrado un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que supondrá el despido de 2.725 trabajadores. Según informaron fuentes sindicales al término de la reunión de este martes, la última del periodo negociador, saldrán de la entidad 2.725 empleados, a los que se suman otras 210 excedencias incentivadas, frente a las 3.798 extinciones que BBVA propuso al inicio de la negociación.
Tras conocerse este acuerdo, en un comunicado remitido a los medios, el sindicato nacionalista ha informado su decisión y ha puesto en valor la «contundente respuesta» de los trabajadores y de las trabajadoras a las convocatorias de movilizaciones y huelgas, que «obligó a la empresa a mover sus propuestas en la mesa de negociación».
Por ello, pide que se le permita al personal tener la última palabra sobre la firma del acuerdo, de forma que se someta a un referéndum abierto y democrático.
En «previsión de lo que iba a ocurrir en la mesa de negociación», el sindicato ha convocado concentraciones este martes ante las oficinas del BBVA en A Coruña, Lugo, Santiago, Vigo y Ourense para mostrar su rechazo al ERE, que en Galicia supondrá el despido de 101 personas, y a los expedientes de modificación sustancial de las condiciones laborales y de movilidad geográfica.
«El ERE no nos vale y tampoco compartimos la visión de los sindicatos que lo avalan: hay despidos y se precarizan las condiciones del personal que queda, concretamente en la atención en remoto», critica el secretario de la sección sindical de la CIG, Miguel Fernández, quien añade que poco avance supone despedir a compañeros de menos de 50 años.
«Si el banco considera que hay un excedente de personal, puede solucionarlo con salidas que sean verdaderamente voluntarias y primadas para los trabajadores de más de 60 años. Una alternativa menos traumática y con un menor coste social», señala.