La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, ha emplazado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que «reconsidere» el veto a la caza del lobo para que las comunidades que gestionan el 95% de esta especie –Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León– no tengan que recurrir al Tribunal Supremo (TS).
En respuesta a una pregunta del PPdeG en la comisión de Ordenación Territorial, Do Campo ha cargado contra «la irregularidad» del Gobierno «en las formas y en el fondo» de incluir al lobo en el listado de especies protegidas antes del 25 de septiembre, una decisión sobre la que muestra su «sorpresa» e «indignación».
Así, recuerda que las comunidades han dado hasta el 15 de junio al Gobierno como plazo límite para que dé marcha atrás a esta decisión, pues si no, asegura que se verán abocados a la vía judicial. Sin embago, afirma que Galicia tiene la «mano tendida», por lo que se dejan estos días como «margen de confianza».
A este respecto, censura que el Gobierno haga «oídos sordos» ante las peticiones de las comunidades al norte del Duero. Asimismo, subraya que las organizaciones agrarias están en «pie de guerra» frente a la decisión del Ministerio.
De hecho, la directora xeral de Patrimonio Natural acusa al Ministerio de que «miente y falta a la verdad» cuando dice que las comunidades van a elaborar una nueva estrategia, pues estas autonomías loberas reclaman que antes se haga un censo de lobos y se evalúe el actual plan de gestión.
Mientras tanto, expone que el Gobierno gallego va a realizar un estudio sobre la presencia del lobo en la comunidad, a la vez que recuerda que los daños a ganaderos por ataques de esta especie se incrementaron un 126% entre 2014 y 2019.
