La secretaria interventora del Ayuntamiento lugués de Barreiros ha sido condenada a una multa de 75.000 euros y cuatro meses y medio de inhabilitación por hacer favores a un constructor y promotor inmobiliario a cambio de 100.000 euros.

En una sentencia emitida el 27 de abril y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Lugo también condena, además de a la secretaria, al empresario y a una funcionaria que ejercía como auxiliar administrativa en el mismo municipio.

A esta última, el tribunal ha impuesto una pena de 18 de meses de cárcel y un año de inhabilitación para ejercer en la administración por un delito de falsedad en documento público, mientras que el empresario deberá abonar una multa de 35.000 euros al ser declarado culpable de un delito de cohecho.

Ese mismo delito es por el que también ha sido condenada la secretaria interventora municipal que, según consideran los magistrados, aceptó 100.000 euros por realizar una serie de favores a este promotor inmobiliario.

La Audiencia luguesa decidió finalmente rebajar a 75.000 euros la multa para la secretaria al aplicar el atenuante de dilaciones indebidas, puesto que los hechos se remontan al año 2007.

En el caso del constructor, el tribunal ha optado por la tipificación más baja, dado que consideran que ha quedado explicitado si el pago de 100.000 euros fue por iniciativa de la secretaria o fue una oferta del propio promotor.

Con todo, la sentencia hace hincapié en que el abono de los 100.000 euros «es un dato objetivo e irrefutable» que los implicados no pudieron justificar de algún modo.

De hecho, existe una grabación en la que, según inciden los magistrados, el constructor no niega «en absoluto» el pago de ese dinero a la secretaria, sino que el asunto en discusión era «cómo disimular» el abono de esas cantidades.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Para la auxiliar administrativa, que según el fallo judicial realizó una anotación para favorecer el expediente de construcción de 51 viviendas, los magistrados también dejan constancia en la sentencia que se desconoce la identidad de la persona que le indicó «la conveniencia» de dejar por escrito esa nota.

Por este motivo, la secretaria ha quedado absuelta del delito de falsedad en documento público que también pesaba sobre ella, puesto que no ha podido probarse que fue ella de quién partió la sugerencia a realizar la anotación llevada a cabo por la auxiliar.