La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) celebra la «buena noticia» de que Fiscalia haya abierto diligencias penales contra Ence tras difundirse un vídeo en el que su presidente, Ignacio de Colmenares, advertía que la biofábrica de Lourizán podría dar «un susto medioambiental» por falta de inversiones.
Tras tener conocimiento de este procedimiento, la APDR ha emitido un comunicado en el que considera que esto «avala» su posición de denunciar que en estas declaraciones –la empresa dice que están «sacadas de contexto»– «existían indicios de un comportamiento presuntamente delictuoso».
«Esta actuación de la Fiscalía debería hacer callar las voces que desde Ence y los medios políticos afines pretenden minimizar estos hechos culpabilizando a quienes defendemos la legalidad y el interés general frente a la rapiña industrial», asevera la asociación a través de su presidente, Antón Masa.
En este sentido, la APDR ha reivindicado que este miércoles dio a conocer estos hechos a la Fiscalía General del Estado por entender que «revisten una extrema gravedad ya que pueden afectar a distintas instituciones del Estado, entre ellas las Cortes Generales y la Secretaría de Medio Ambiente».
Además, solicita la adopción de «las medidas necesarias» para «evitar que las presiones ejercidas» por el presidente de Ence pueda afectar a las instituciones del Estado y a la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, concretamente a su polémico artículo 18.4.
