Una sentencia del Tribunal de Instancia de Pontevedra certifica que la bonificación del 95% que se aplicaba Autopistas del Atlántico S.A. (Audasa), concesionaria de la AP-9, sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dejó de tener validez desde el 19 de agosto de 2023 y obliga a la empresa a pagar 59.284 euros reclamados por el Ayuntamiento de Valga (Pontevedra) sobre el periodo restante de 2023.

Una vez conocido el fallo, a través de un comunicado, el alcalde, José María Bello Maneiro (PPdeG), ha manifestado la «satisfacción» del Gobierno local por esta victoria que, a su juicio, «abre camino para el resto de ayuntamiento» por los que discurre la autopista de cara a reclamar el impuesto correspondiente.

En concreto, la resolución judicial del 2 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto la empresa a la presunta desestimación de otro recurso presentado a la resolución del regidor de mayo de 2024. Así y todo, todavía cabe recurso de apelación al fallo.

La resolución municipal consistía en una liquidación que reclamaba la cuota íntegra del IBI del tramo la AP-9 en Valga entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023. La cantidad reclamada era de 59.284,40 euros y, ahora, la sección del Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia ratifica que así debe abonarla.

El fallo recoge que Audasa «sabía perfectamente años atrás» –así lo marca un convenio aprobado por Real Decreto– que en 2023 solo disfrutaría de la bonificación «por una parte proporcional del mismo y no por la totalidad».

En este contexto, el regidor ha recordado que Valga fue el único ayuntamiento de las dos provincias por las que pasa la AP-9 (A Coruña y Pontevedra) en presentar esta liquidación. «Valga ha defendido los intereses de todos los ayuntamientos afectados», ha concluido.