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La vigilancia de la reapertura de la hostelería estaría a cargo de efectivos municipales, de la Xunta y del Estado

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El plan de refuerzo para la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de seguridad y las medidas durante la posible desescalada de la hostelería, contaría tanto con efectivos de la Policía Local, de la Autonómica y la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha presentado ante los representantes municipales y de las Diputaciones, en el seno de la Comisión Galega de Cooperación Local, el citado plan de control para el que buscará la coordinación y la colaboración de todos los efectivos posibles de los que dispongan tanto los ayuntamientos, como la Xunta y los dependientes de la Delegación del Gobierno de Galicia.

Todo ello para afinar un documento, que la Xunta remitirá a la Federación Galega de Municipios e Provincias en las próximas horas.

EL objetivo es contar con una planificación «realista» y viable para su análisis en el próximo comité clínico, que se reunirá el lunes y que evaluará si el dispositivo propuesto «es suficiente» para garantizar la seguridad durante la hipotética (aunque «previsible») reapertura gradual de los establecimientos hosteleros.

Rueda ha insistido en la importancia de garantizar «no solo la seguridad», sino «la permanencia en el tiempo» de esta coordinación y este control para evitar «dar pasos atrás» e ir reforzando las medidas en función de las decisiones que se adopten y «que implican a todo el mundo».

COORDINACIÓN DE EFECTIVOS

La propuesta incide en que las fuerzas de seguridad visiten «todos los locales que abran» a partir de la desescalada.

La policía local acudiría, dependiendo de los medios de los que disponga, un mínimo de una o dos veces a la semana, para verificar que se cumplen las medidas y criterios establecidos, así como los horarios de cierre.

Las ciudades y municipios de más de 20.000 habitantes contarían con una planificación específica para fines de semana, festivos y en puntos de especial concentración de locales.

A este «esfuerzo» que se solicita a la administración local estaría acompañado de los efectivos de la Policía Autonómica y de los inspectores de la Consellería de Sanidade, ha añadido Rueda, del mismo modo que se solicitó a la Delegación del Gobierno la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para aquellos municipios «que no dispongan de Policía Local».

Rueda ha matizado, no estante, que este control ya se estaba haciendo por parte de los efectivos locales, como constatan las más de 5.000 denuncias presentadas por incumplimientos de las normas covid y que derivarán en más de un millar de expedientes sancionadores.

«Se está actuando y queremos que se siga haciendo», ha insistido, para recordar además que los profesionales de la hostelería son «los primeros interesados» en que esto se materialice y que las administraciones se coordinen «para ser efectivas».

CONTROL DE AFOROS

Otro de los pilares del plan debe ser el cálculo de aforos de estos locales, que es necesario fijar, «que sean visibles» al público, se respeten y se controle el cumplimiento del mismo, además de buscar «la máxima implantación» posible de los códigos QR por su beneficio para gestionar los brotes y los contagios derivados.

En todo caso, Rueda ha querido dejar claro que la clave del éxito de las medidas parte del necesario «autoconvencimiento» por parte de los usuarios de estos locales de la importancia de cumplir con las condiciones de seguridad, además del papel de los hosteleros para «observar» el cumplimiento de las normas en sus establecimientos.

Por parte de la Fegamp, Alberto Varela ha valorado la previsible coordinación entre las tres administraciones para llevar a cabo las tareas de control y ha asegurado que los ayuntamientos colaborarán en al medida de sus posibilidades, pero «sin especular» y con información «que tiene que venir de primera mano» para «poder participar en la toma de decisiones».

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

En este sentido, propuso la creación de una comisión que se reúna periódicamente para que la administración local reciba información sobre la evolución de la pandemia y pueda participar en la gestión, como puede ser «la desescalada del sector de la restauración».

«Hay un compromiso claro de mejorar todavía más la colaboración para ponerle fin cuanto antes a esto», ha incidido, sobre todo para «evitar dar pasos atrás» en los avances de la situación epidemiológica ante la próxima llegada del buen tiempo.

Sobre esta cuestión, Rueda aseguró estar «completamente de acuerdo» en el mantenimiento de ese foro de comunicación permanente, «por lo menos en estos meses de pandemia», para así difundir y compartir «cuanto antes» todos los temas que afecten a las diferentes administraciones.

ACLARAR EL MAPA COMPETENCIAL

Otro de los temas abordados durante el encuentro es la necesidad de definir un mapa competencial para delimitar y aclarar aquellas cuestiones que debe asumir cada administración.

Varela ha insistido en que los municipios asumen competencias impropias sin tener «capacidad de gestión» y registran «problemas de financiación», ante la falta de fondos extraordinarios para poder cumplir con estas tareas y en un momento en el que cuentan «con menos ingresos que nunca».

Parte de estas actuaciones «ahogan» en gran medida las arcas municipales, ha añadido, sobre todo en materia de política social, y todas ellas son cuestiones en las que hay que «seguir trabajando» y dando pasos, volver a hablar del ‘pacto local’ y tener en cuenta las circunstancias que rodean a todas las administraciones.

Rueda ha destacado la importancia de «ponerse de acuerdo» en ese mapa y acordar «realmente» que es competencia de cada administración, lo que requiere de «trabajo técnico».

En todo caso, a partir de esa definición se decidirá «como se financia», siempre con la intención «clara» de «ser eficaces, evitar duplicidades». «Creo que esta vez seremos capaces de hacerlo», ha añadido.

También se ha abordado la posibilidad de que los municipios participen en el diseño de prioridades de los fondos europeos, que tengan participación en su ejecución y recordó la posibilidad de que las administraciones locales puedan utilizar la plataforma del Gobierno gallego para repartir cuantías y añadir fondos destinados a ayudas a la hostelería.

CRÍTICAS DE LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Por su parte, la Deputación de Pontevedra ha emitido un comunicado en el que rechazó el «modelo» ejercido por la Xunta de «proponer» acciones que se cumplen con recursos del mundo local, y ha reclamado que se establezca «un auténtico Fondo Local».

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