La futura ley de arquitectura de Galicia que prepara la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda finalizó el pasado 4 de enero el período de consultas previas, durante el cual un total de 38 interesados trasladaron sus aportaciones.

Tras este trámite, que estuvo abierto durante un mes, la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo avanza otro paso en el proceso administrativo del texto con el fin de elevarlo próximamente al Consello de la Xunta, junto con su memoria justificativa y económica.

Así, según informa el Gobierno gallego en un comunicado, será el Consello el que autorice el inicio de tramitación de esta nueva ley, otro proceso que incluirá fases como la información pública, el proceso de audiencia y la solicitud de informes perceptivos.

En los trámites concluidos el pasado día 4, el texto normativo recibió aportaciones por parte de entidades y colectivos relacionados con el sector, como los colegios de delineantes y técnicos superiores proyectistas de A Coruña, el de caminos, canales y puertos, el de aparejadores y arquitectos técnicos, así como el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. A todos ellos la Consellería ha agradecido su «implicación».

Ahora, antes de remitir el texto al Consello, la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo estudiará «todas sus consideraciones y aportaciones» con el fin de introducir todas aquellas cuestiones «que mejoren o enriquezcan» la futura ley de arquitectura.

«EQUIPARAR» A GALICIA A OTRAS CCAA

La norma, tal y como explica la Xunta, permitirá «equiparar» a Galicia a otras comunidades autónomas que ya cuentan con una regulación en este sentido, como es el caso de Cataluña y Extremadura.

Con esta nueva ley, el Gobierno gallego pretende que la arquitectura responda en cada infraestructura a un «amplio abanico de intereses y expectativas» en los que incide –como son el ámbito cultural, económico, social y medioambiental–, algo en lo que «en ocasiones» las normas sectoriales «no siempre acompañan».

Así, entre los objetivos principales del nuevo texto, están el de «establecer las directrices» a considerar en la contratación pública de servicios de arquitectura, definir las titulaciones profesionales competentes para «potenciar la seguridad jurídica y reducir la conflictividad competencial», así como buscar «una simplificación» normativa y «agilizar» trámites, entre otros.

También se creará el Consello da Arquitectura de Galicia, con representantes de los colegios profesionales e instituciones de enseñanza, artes y empresas, con funciones de asesoramiento, seguimiento, propuesta y comunicación.

Al mismo tiempo, la Xunta destaca que la elaboración de esta ley «ofrece una respuesta a la demanda de las instituciones europeas», que instan a los Estados miembros a «implantar las políticas de sensibilización y reconocimiento de la arquitectura».