La Fiscalía del área de Vigo ha archivado las diligencias sobre las condiciones de la residencia de mayores de Salvaterra de Miño (Pontevedra) al «no poder acreditar el incumplimiento grave de la normativa administrativa».

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a Europa Press que se incoaron unas diligencias penales que fueron archivadas el pasado 11 de diciembre debido a que, tras practicar una investigación, no fue posible comprobar los incumplimientos denunciados.

A este respecto, las mismas fuentes han señalado que se efectuó una inspección tras la denuncia presentada respecto a las condiciones de los del centro «sin que nada» se pudiese acreditar, «no apreciando ni falta de cuidado y atención hacia los residentes ni situación de abandono». Asimismo, han recordado que en las actas de inspección del Gobierno gallego correspondientes a 2019 y 2020 no se reflejan los hechos denunciados.

La Fiscalía del área de Vigo también ha asegurado que recibió «puntuales informes diarios» de la residencia y la Xunta durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y junio, y pudo conocer «las medidas adoptadas, los medios solicitados a la Consellería de Sanidade y las intervenciones concretas de la misma».

Adicionalmente, el Ministerio Fiscal ha apuntado que se dio traslado en el mes de junio al pasar a fase III del plan de prevención instaurado por la residencia.

En concreto, el pasado mes de noviembre, Traballadores de Residencias de Galicia (Trega) denunció ante la Inspección de la Consellería de Política Social que las instalaciones de Salvaterra no reunían «las mínimas condiciones» de salubridad y su «total abandono».

Precisamente, en ese momento, ese centro, que cuenta con varias plazas subvencionadas, se encontraba intervenido por la Xunta debido al número de casos de COVID-19 detectado entre sus usuarios.

Por su parte, el Defensor del Paciente instó a la Fiscalía Superior de Galicia a efectuar una «inmediata actuación e intervención» y le pidió que tuviese «empatía y sensibilidad» con los mayores. Tras ello, el fiscal superior de la comunidad remitió el caso a la Fiscalía de la zona al entender que se trataba de su ámbito de competencia.