La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves ante el Congreso que su departamento ha lanzado esta mañana la manifestación de interés para recibir propuestas para grandes proyectos industriales y que aprobará antes de final de año el nuevo estatuto para las grandes industrias electrointensivas.

En su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja, ha asegurado que esta manifestación de interés -o ‘call of interest’- permitirá elaborar un mapa de grandes proyectos tractores para la modernización de la industria, con impacto de su transformación ‘verde’ y digital.

En su estrategia de política industrial, ha destacado la reforma de la Formación Profesional dual y una nueva Ley de Industria para actualizar una norma que se remonta a 1992 y un nuevo Pacto por la Industria, así como la transformación digital de la Industria.

En este sentido, ha expresado su deseo de impulsar un «ecosistema español a la vanguardia» en áreas como las baterías de vehículos eléctricos, el hidrógeno ‘verde’, el sistema en la nube, la microelectrónica y la comunicación por satélite.

Entre los proyectos tractores, Maroto ha citado el plan para la electrificación de la movilidad, que cuenta con el objetivo de contar con 2.500 vehículos eléctricos en 2023 y 100.000 puntos de recargo.

UN ESTATUTO PARA 600 INDUSTRIAS

Respecto a la industria electrointensiva, Maroto ha asegurado que el anunciado y prometido estatuto para la industria altamente dependiente del consumo eléctrico, la llamada electrointensiva, estará aprobado «antes de final de año».

Este estatuto, cuya aprobación contemplaba en un plazo de seis meses un decreto ley del primer Gobierno de Pedro Sánchez de finales de 2018, no vio la luz antes de las elecciones generales del pasado año y no ha sido aprobado durante este año hasta ahora, con el Gobierno ya plenamente en funciones.

La titular de Industria ha asegurado que beneficiará a más de 600 industrias con más de 300.000 trabajadores y que su aprobación, con medidas como las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 y el fondo de reserva para garantías para estas industrias permitirán «un marco de instrumentos al servicio de la gran industria que va a proporcionar mayor estabilidad, seguridad y certidumbre en torno al precio de la electricidad, y favorecer la inversión industrial».