El abogado del que fuera secretario xeral del PSdeG Pachi Vázquez ha pedido que su defendido declare al final del juicio en el que se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada cuando era alcalde de O Carballiño –entre 1995 y 2005– en relación a la contratación de 60 personas.

El letrado Víctor Moreno ha atendido a los medios con motivo del arranque del juicio en el juzgado del Penal número dos de Ourense contra el actual concejal de Espazo Común en el Ayuntamiento carballinés, quien ha declinado hacer declaraciones. En este proceso también se sientan en el banquillo cuatro ex ediles, entre ellos Carlos Alberto Montes, quien sucedió a Vázquez en la alcaldía hasta 2011.

Todos los abogados defensores han solicitado que los encausados declaren en las últimas jornadas de este juicio para el que hay señalados 11 días, una petición que ha sido atendida por la magistrada por lo que no se prevé que las declaraciones tengan lugar antes del 10 de diciembre.

Víctor Moreno ha justificado esta reclamación al considerar que «la posición de los acusados de tener que declarar el primer día pone en entredicho su presunción de inocencia» y que, de este modo, «podrán responder en mayor medida que teniendo únicamente la última palabra».

JUICIO «EXTRAÑO»

Preguntado por la estrategia que seguirá la defensa, el abogado de Pachi Vázquez ha llamado la atención sobre el hecho de que aproximadamente «el 80% de los testigos» no hayan sido solicitados con anterioridad «ni por la acusación ni por la defensa» lo que, en su opinión, motiva que se trate de un juicio «extraño».

Asimismo, ha destacado que tampoco pidió «la testifical para saber qué había sucedido con cada uno de ellos». «Estamos ante un juicio en el que se irá viendo día a día que sucedió y eso no es lo usual», ha manifestado en una intervención en la que ha subrayado que en toda la actuación, en «más de 3.000 folios», no hay ningún indicio sobre que la actuación de los acusados «haya sido movida por preferencias».

ESCRITO DE ACUSACIÓN

En su escrito, el ministerio público atribuye al también fundador de Espazo Común y al resto de acusados un delito continuado de prevaricación por suscribir durante su periodo de mandato «un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencia municipal, respecto de 60 trabajadores».

En concreto, estas eran destinadas a la cobertura de puestos de peones y albañiles, conserjes, carpinteros, electricistas, trabajadores del servicio de limpieza, profesional de psicología, monitor de la oficina local de turismo, locutor-redactor y encargado de instalaciones deportivas, auxiliares de ayuda a domicilio e incluso agentes de la policía local, entre otros.

La fiscalía, que rebaja ligeramente su petición de penas para dos de los restantes acusados a 9 años de inhabilitación y 8 años y 9 meses, señala que los acusados procedieron a la contratación de estas personas con conciencia de que faltaban los requisitos básicos de toda contratación pública, como es la publicidad, para que cualquier persona pudiera acceder a la misma de acuerdo a los principios de mérito y de capacidad».

DILACIONES INDEBIDAS

La defensa de Pachi Vázquez también ha incidido en el hecho de que los asuntos por los que son juzgados los acusados ocurriesen en 2004 y que se vayan a «enjuiciar 16 años después» y ha llamado la atención sobre el hecho de que el procedimiento se iniciase en 2014 cuanto habían pasado «años suficientes para haberse instruido».

Además, el abogado de una de las acusadas ha recurrido a presentar un «procedimiento exactamente igual» sobre «el caso de un ex regidor de Piñor de Cea donde se le imputa la contratación de 11 personas» y que «quedó archivado por lo que debe constar por la contradicción entre unprocedimiento y otro».