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Política Social promete «dar respuesta a todos los requerimientos» de Fiscalía sobre la residencia de Salvaterra

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La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha prometido que la Xunta «va a cumplir su deber» y dará «respuesta» a «todos los requerimientos» que haga la Fiscalía Superior de Galicia en el marco de las diligencias que ha abierto sobre la residencia de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

En declaraciones a los medios durante una visita al antiguo local de la Asociación de pais ou titores de persoas con discapacidade intelectual de Lugo (Aspnais), la conselleira ha asegurado que su departamento «ya» mandó «toda la documentación» que solicitó el Ministerio Público al abrir estas diligencias de oficio, lo que ha ocurrido a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente.

En este contexto, la titular de Política Social ha prometido que el Gobierno gallego, que intervino este centro de ancianos a finales de octubre por un importante brote de COVID-19, va a «cumplir su deber» y continuará «enviando a la Inspección de los servicios sociales y a la Inspección de los servicios sanitarios» para que todas las residencias «continúen cumpliendo la normativa».

Sobre el caso concreto del geriátrico de Salvaterra, García ha recordado que la intervención se produjo «luego de ver las pruebas que se realizaron tanto a trabajadores como residentes» y que arrojaron más de un centenar de positivos.

«Las consellerías de Sanidade y de Política Social tomamos la decisión de intervenirla con un único objetivo: cuidar, atender y sanar a las personas mayores», ha recalcado.

UNA INSPECCIÓN «INMEDIATA»

De hecho, Fabiola García ha relatado que hace una semana Política Social conoció «por parte de los medios de comunicación» la existencia de una denuncia del colectivo Trega (Traballadoras de Residencias de Galicia) trasladada «exteriormente» y que, «una vez que la denuncia llegó», se envió «inmediatamente» a la residencia «una inspección sanitaria y una inspección de servicios sociales».

Así, la conselleira ha sugerido que serán precisamente estos inspectores de servicios sociales «los que digan qué actuación» tiene que acometer la Xunta y «los que propongan o no la apertura de un expediente sancionador si es que hubiese alguna irregularidad».

No en vano, ha confirmado que tanto la Consellería de Política Social como la de Sanidade remitieron al geriátrico «más de 50 profesionales» a modo de refuerzo con el objetivo de «cuidar a las personas mayores».

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