La asociación Galicia Ambiental ha pedido una intervención «urgente» de la Fiscalía por el «presunto delito ambiental» cometido por Adif al empujar dos vagones del tren descarrillado en Carballeda de Valdeorras (Ourense), dentro de las labores para retirar el convoy de la vía.
Esta asociación, integrada por profesionales independientes y representantes de empresas e instituciones, ha considerado este jueves en un comunicado que el caso «va mucho más allá de una desobediencia» a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. «Podría tratarse, además, según las informaciones a las que ha tenido acceso Galicia Ambiental, de una falta grave en la gestión ilegal de residuos peligrosos y un presunto delito ambiental», ha indicado.
Una «primera falta grave» es no entregar los vagones a un gestor autorizado, a lo que se suma que «existen sustancias y componentes contaminantes presentes en el modelo de vagón precipitado», como los fluidos de los sistemas hidráulicos y de suspensión o el tipo de zapata de frenado, puesto que uno de los principales componentes del férodo de las pastillas solía ser el amianto.
Aunque dejaron de fabricarse con este material, a día de hoy sigue habiendo vagones con pastillas que sí lo tenían y, por este motivo, ha agregado Galicia Ambiental, solicitan que se extraigan estos residuos industriales y se envíen a un gestor autorizado.
La asociación ha acusado a Adif, presidido por la gallega Isabel Pardo de Vera, de pretender «ahorrarse los costes» de desplazar a la zona un equipo de desguace y una grúa y de cerrar comercialmente la vía. «Anteponía, una vez más, los criterios económicos a los ambientales», ha criticado.
Si se sanciona finalmente al administrador ferroviario por estos hechos, la multa engrosará la «larga lista de expedientes por malas prácticas». En los últimos tres años son una treintena, ha destacado.
