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Xunta trasladará una PNL al Congreso para prorrogar la flexibilización de contratos de electricidad de empresas

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La Xunta trasladará una Proposición no de ley (PNL) al Congreso para prorrogar la flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para empresas y plantear que la facturación del servicio se realice de acuerdo con la potencia utilizada, en lugar de con la contratada.

En concreto, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha explicado a representantes de los clústers del granito, el textil de la moda y el turismo y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) este martes en Santiago las medidas que se aspira a adoptar para reducir el coste de la tarifa eléctrica de pymes y autónomos.

De este modo, la Xunta busca que se prorrogue el artículo del Real Decreto-ley de medidas sociales y económicas para afrontar la pandemia relativo a la flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas.

El objetivo pasa por que esta medida, vigente hasta tres meses después de la finalización del estado de alarma, se extienda otros 18 meses o por que se suspenda la limitación de la modificación de la potencia contratada durante 24 meses. También propondrá que la facturación se efectúe según la potencia utilizada.

Asimismo, el Gobierno gallego publicará recomendaciones para empresas distribuidoras de electricidad en las que planteará que autónomos y empresas puedan solicitar las modificaciones de contrato o los nuevos valores de los parámetros técnicos que precisen. También propondrá que los cambios se realicen, como máximo, en cinco días naturales y que sus efectos se reflejn en la factura desde la solicitud.

Además, la Xunta recomendará que, si se contrata de nuevo una potencia similar a aquella de la que se disponía antes de la crisis sanitaria, no se deban abonar derechos de accesos, verificación de las instalaciones y actuaciones en equipos de medida. Adicionalmente, planteará que se exima del control previsto en la normativa a las instalaciones de baja tensión de más de 20 años de antigüedad.

Mediante estas medidas, el Ejecutivo autonómico busca apoyar al tejido empresarial e industrial gallego para favorecer la agilización de la recuperación de su actividad y alcanzar la reactivación económica de Galicia.

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