El Gobierno establece que serán las comunidades autónomas las que deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad y de personas mayores con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen en la nueva normalidad, según consta en el borrador de decreto de la nueva normalidad que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Así lo establece el artículo 9 relativo a las viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros de personas mayores del denominado ‘Decreto de nueva normalidad’, que regula la situación durante la crisis sanitaria en España una vez se levante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y que ha aprobado este martes 9 de junio el Consejo de Ministros.

La directriz llega en medio de la polémica por la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria por el COVID-19 y después de que el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, revelara la existencia de un protocolo con instrucciones para no derivar a determinados residentes a hospitales durante el pico de la pandemia.

De este modo, según el borrador de decreto aprobado, los titulares de los centros han de disponer de Planes de Contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con el sistema sanitario que corresponda.

Asimismo, los responsables autonómicos deberán asegurar el cumplimiento de «las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones», por parte de los titulares de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y de personas mayores.

En concreto, el Gobierno central establece en este decreto que deberán velar por que las visitas de familiares y seres queridos y los paseos «se desarrollen en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio».

Unas 19.000 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

El Ministerio de Sanidad aseguró la pasada semana que todavía le falta información de las comunidades autónomas sobre los datos de fallecidos que les reclamó en abril, que la han vuelto a pedir y que cuando lo tengan analizado, darán la foto completa.