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Los dueños de un prostíbulo aceptan penas de entre 5 y 2 años y medio de cárcel por explotación sexual y drogas

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Seis acusados de participar en una organización criminal que desde 2014 explotó sexualmente a mujeres en el club de alterne San Lázaro II, en Santiago, y que también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, han aceptado este viernes penas de entre 5 y dos años y medio de prisión, tras aceptar los hechos que se les imputan.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha acogido la vista de este caso, en el que Fiscalía inicialmente pedía para los procesados penas que superaban los 30 años de prisión. La sesión no se ha celebrado porque las partes han llegado a un acuerdo de conformidad.

Según ellos, los principales acusados han recibido penas de un año y medio de cárcel por cada uno de los tres delitos de prostitución forzada que se les atribuyen, así como tres años menos un día de prisión por el delito de tráfico de drogas. A ambos se les ha suspendido el cumplimiento de condena por un periodo de 5 años con la condición de que no delincan, sigan un tratamiento de deshabituación de las drogas y participen en un programa de reeducación sexual.

Asimismo, otros tres procesados han sido condenados a un año de prisión por cada uno de los tres delitos de prostitución forzada, una pena que también ha quedado en suspenso a condición de que paguen una multa y sigan un programa de reeducación sexual.

El último procesado condenado lo ha sido a dos años y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas. No deberá entrar en prisión si no vuelve a delinquir durante cinco años y sigue un tratamiento de deshabituación. El séptimo acusado, gestor del negocio, ha sido absuelto y se le ha exigido el cierre del local de alterne.

HECHOS PROBADOS

Según se recoge el escrito de acusación de los procesados han aceptado en la sala, los dos principales acusados, un matrimonio que dirigía el negocio, seleccionaban a las mujeres que ejercían la prostitución en el local y controlaban su actividad y sus beneficios, tanto de la actividad sexual como de la venta de droga.

Además, en el escrito se recoge que el grupo se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad económica, administrativa y personal de las mujeres, algunas de ellas con adicciones a las drogas y con familiares a los que debían enviar dinero en sus países de origen.

Entre otras cosas, las mujeres debían pagar 30 euros por cada día que acudían al establecimiento y otros cinco euros por cada servicio realizado, en concepto de cambio de sábanas. También se les imponían sanciones económicas por retraso o ausencia, así como si abandonaban el club con un cliente al finalizar la jornada.

Además, también han admitido que en el local se realizaba venta de estupefacientes. En distintos registros domiciliarios, los agentes intervinieron cantidades de dinero que alcanzaron un total de 40.147,61 euros que procedían de la explotación sexual de las mujeres y de la venta de droga.

Los beneficios obtenidos mediante estas actividades se introducían en el circuito económico legal a través de la adquisición de numerosas fincas rústicas en el entorno de Santiago, así como de inmuebles en Portugal y vehículos. Entre los bienes, figuran dos propiedades inmobiliarias en las localidades portuguesas de Oporto y Vilanova de Gaia, además de un tractor y un turismo Mercedes.

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