La Guardia Civil detuvo este viernes, en el marco del operativo antidroga desplegado en O Vao de Arriba, en Poio (Pontevedra), a los diez integrantes de un clan familiar por dedicarse supuestamente a la venta y distribución de estupefacientes. Seis de ellos quedaron en libertad en sede policial, mientras que el resto pasarán a disposición judicial en los próximos días.

Según informa la Benemérita, en la operación denominada ‘Tachuela’ participaron medio centenar de efectivos de la compañía de Pontevedra, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usesic) y el Servicio Cinológico con perros adiestrados en la detección de drogas. Además, se desplegó el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil de A Coruña.

En el operativo, desarrollado durante toda la mañana del viernes en coordinación con el Juzgado de Instrucción Número 3 de Pontevedra y la Fiscalía Antidroga, se registraron cuatro viviendas y dos alpendres anexos.

Los agentes se incautaron de más de 200 dosis de distintas drogas, fundamentalmente heroína, cocaína y hachís. Asimismo, se intervinieron varios útiles para la confección y distribución de sustancias estupefacientes, una báscula de precisión y casi 7.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil destaca que gracias a «la rapidez» con la que se efectuó el despliegue, durante el registro se pudo sorprender a dos consumidores que esperaban en una de las habitaciones de una vivienda.

UN CLAN CON «PELIGRO POTENCIAL»

Aparte de los estupefacientes incautados, se incautaron joyas, supuestamente fruto de la actividad delictiva, un revólver calibre 32 con munición, una pistola detonadora, dos carabinas de aire comprimido, una pistola táser, un puño americano y varias armas blancas prohibidas. Todo ello, señala el Instituto Armado, «evidencia el peligro potencial» del clan familiar.

Con esta operación, la Guardia Civil da por «desarticulado un importante punto de venta y distribución de drogas» a pequeña y mediana escala en el poblado de O Vao.

De las diez personas detenidas por un delito contra la salud pública, algunas ya habían sido condenadas por otra operación similar llevada a cabo en abril de 2016.