La Guardia Civil ha detenido a uno de los investigados por irregularidades en granjas bovinas en Ramirás y en A Gandarela, en la provincia de Ourense, por amenazar a una de las personas que denunció el caso.

La investigación, que se enmarca dentro de la ‘Operación ‘Guitarra’ y en la que intervinieron 1.000 kilos de carne sin documentación, se inició en marzo de 2024, a raíz de una denuncia presentada ante el Instituto Armado, y por la que este mes de julio se tomó declaración como investigados a siete personas.

Ahora, la Guardia Civil ha comunicado que han detenido a uno de los investigados que, tras ser citado el pasado 18 de julio en el cuartel de Celanova y ser informado de los hechos por los que se le investigaba –relacionados con 23 delitos de falsedad documental y un delito de usurpación de estado civil–, se trasladó ese mismo día al domicilio de la persona que denunció las irregularidades que se estarían cometiendo en su explotación ganadera, amenazando para que retirara la denuncia o cambiara su manifestación en sede judicial.

La víctima de estas amenazas, y denunciante de las presuntas irregularidades en la explotación ganadera, presentó denuncia por esas amenazas en el mismo cuartel de Celanova el día 19 de julio de 2024, por lo que nuevamente fue detenido, esta vez por un delito de obstrucción a la justicia al tratar de influir con amenazas en la parte denunciante para que modifique su actuación procesal.

El Juzgado Único de Primera Instancia e Instrucción de Celanova es el encargado de particar diligencias.

HECHOS

Tal y como detalló el Instituto Armado, la primera denuncia relataba la existencia de maltrato de los animales en la explotación; medicación sin prescripción veterinaria por parte de los propietarios de las granjas; y tratamiento inadecuado de los animales, señalando que una vez fallecidos se enterraban en el abono o en las inmediaciones de las explotaciones.

Además, explicaba también que se compraban animales y se introducían en la explotación desde Portugal, sin documentación; se simulaban ataques de lobo a ovejas que mataban los propios perros de los dueños de la granja, falsificando el trámite con agente medioambiental; se usaban crotales de animales indebidamente, al ser extraídos de animales fallecidos que se enterraban en el recinto, y colocándolos en animales vivos; se sacrificaban animales en la propia explotación, sin garantías sanitarias, para posteriormente ser vendidos a vecinos particulares de la zona; y se trasladaba la carne a la sala de despiece para la venta en carnicerías de la localidad de Ourense.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició la investigación y realizó inspecciones, junto con inspectores veterinarios de salud pública de la dirección territorial de la Consellería de Sanidade, en las explotaciones mencionadas, así como en otra relacionada que se detectó con las mismas prácticas y que se ubica en el municipio de O Carballiño.

Allí se localizaron diversos crotales de animales sin ningún tipo de amparo a efectos de identificación, se registraron los vehículos del denunciado, así como del entorno comercial del mismo, aportando datos a la investigación de los mismos al organismo competente, el Servizo de Gandería de la Xunta de Galicia.

Esta entidad emitió un informe sobre todo lo solicitado en el que comunica varias irregularidades de las explotaciones mencionadas, que tras el estudio y cotejo de datos recibidos por la Guardia Civil se detectaron numerosos delitos de falsificación de documento público y usurpación de estado civil, realizados tanto de forma presencial en oficinas agrarias comarcales como en el servidor de la oficina virtual de Ganadería.

INSPECCIONES

Ante estos hechos, el pasado 25 de junio agentes de la Guardia Civil realizaron de forma simultánea inspecciones en cuatro establecimientos de carnicerías situadas en Ourense, así como en su sala de despiece, en el Polígono de Barreiros.

Allí detectaron sobre 1.000 kilos de carne dispuestos para la venta al público que no disponía de documentación, por lo que fueron intervenidos y propuestos para destrucción al no garantizar su trazabilidad para la seguridad alimentaria.

De este modo, el Instituto Armado concluyó la operación con la investigación de siete personas, tras realizar intercambio de información con los organismos competentes, y realizar inspecciones en explotaciones y establecimientos, así como tomas de manifestación de propietarios de explotaciones afectadas que usaban sus datos para hacer movimientos de animales de forma fraudulenta al no dar su autorización o usar sus claves en la plataforma del Servicio de Ganadería.