Una quincena de organizaciones, entre ellas el BNG, la CIG, el Sindicato Labrego y la Plataforma Galega contra a OTAN, han convocado movilizaciones para este miércoles, 14 de diciembre, en las siete ciudades gallegas para rechazar la reforma del Código Penal que, si bien derogará el delito de sedición, introducirá el de desórdenes públicos agravados.

Representantes de estos colectivos convocantes han participado este viernes en Santiago la presentación de un manifiesto en defensa «de los derechos democráticos y de las libertades públicas». La encargada de dirigir la rueda de prensa ha sido la portavoz del Observatorio para a Defensa dos Dereitos e Liberdades ‘Esculca’, Elvira Souto, quien ha alertado que las modificaciones legales buscan penar «cualquier tipo de movilización social».

A pesar de que celebran la derogación del delito de sedición propuesta por el Gobierno central, estas organizaciones lamentan que lo que se hace es «de manera torticera» agravar las penas del de desórdenes públicos. Además, denuncian que la pena va a depender «en gran medida» de los atestados policiales, que «no siempre se corresponden con la realidad», ha explicado Souto.

No en vano, la portavoz de Esculca ha aprovechado para recordar que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos todavía no derogaron la conocida como ‘ley mordaza’, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que lo «prometieron en campaña electoral». Se trata de una norma que da «más presunción de veracidad» a las actas que levanten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

A esto ha sumado este agravamiento del delito de desórdenes públicos, que no va a resolver la necesidad de dar «mejores condiciones de vida» a la ciudadanía que se manifiesta. «El endurecimiento del Código Penal difícilmente soluciona algo», ha esgrimido Souto.

MANIFIESTO

La encargada de dar lectura al manifiesto, que lleva por título ‘Pola defensa dos dereitos democráticos e das liberdades públicas’ y que recopila el grueso de las reivindicaciones de las movilizaciones del próximo día 14, ha sido la secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez.

El texto saluda que el Gobierno proponga eliminar el delito de sedición porque pena conductas «poco encajables en la realidad social». Sin embargo, condena el «endurecimiento» de las condenas por desórdenes públicos porque «colisiona con los derechos fundamentales de participación política» y es una norma «regresiva».

«Hace falta no olvidar que la actual regulación de desórdenes públicos ya es de gran dureza», puesto que sanciona «formas frecuentes de protesta pacífica o desobedicencia civil» como ‘invadir u ocupar’ locales o espacios públicos privados, incluso «sin violencia ni intimidación», siempre que «causen una perturbación relevante para la paz pública y su actividad normal», explica el manifiesto.

Junto a esto, el texto denuncia que la reforma propuesta introduce el concepto de ‘intimidación’, que es «altamento subjetivo» y, por tanto, «puede permitir una mayor incriminación, dependiendo de la credibilidad que dé el juez o jueza al que presenta la denuncia».

De igual modo, advierte que otros términos como ‘multitudes’ y ‘paz pública’ dependen de «lo que recoja el atestado policial y de la interpretación de las fuerzas de seguridad del Estado».

«El empleo excesivo de estos conceptos jurídicos indeterminados va en detrimento del principio de legalidad y posibilita la arbitrariedad en la criminalización de acciones que forman parte del derecho de protesta», asevera.

El manifiesto viene firmado por BNG –su diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha estado presente en el acto–, Galiza Nova, Erguer, Federación Rural Galega (Fruga), Marcha Mundial das Mulleres, Plataforma Vía Galega, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), A Mesa pola Normalización Lingüística, Sindicato Labrego Galego, Comité Galego de Solidariedade Internacionalista ‘Mar de Lumes’, Plataforma Galega contra a OTAN, Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público y Asociación Cidadá contra a Letra Pequena ‘Con Lupa’.