La Guardia Civil ha interceptado a un conductor de un camión en la carretera OU-402 que ha sido investigado por falsificar los registros del tacógrafo digital, por lo que le atribuye un supuesto delito de falsedad documental por usar la tarjeta de otro compañero.

Según ha informado el Instituto Armado, en la mañana de este domingo, en el marco de la campaña de intensificación de control y vigilancia de camiones y autobuses que la Dirección General de Tráfico ha dispuesto durante la semana pasada, una patrulla del Subsector de la Guardia Civil de Ourense, especialistas en la inspección del transporte, paró un camión en la carretera OU-402 (Ourense-Cortegada).

Una vez efectuadas las primeras comprobaciones, los agentes descubrieron que la tarjeta que el conductor utilizaba dentro del tacógrafo digital no se correspondía con la identidad de éste, sino que era la de otro compañero de la misma empresa.

«El conductor investigado, conseguía con ello que los tiempos de conducción y descanso no se registrasen en su tarjeta personal, pudiendo aumentar de esta forma sus horas de trabajo o la reducción de su tiempo de descanso», explican las mismas fuentes.

La Benemérita advierte de que este fraude, que «afecta directamente a la seguridad vial», provoca «un notable agotamiento en los conductores, los cuales alargan sus jornadas de trabajo» y, añade, «atenta igual y gravemente contra la propia ordenación del sector del transporte».

La Guardia Civil indica que este tipo de hechos se someten al procedimiento penal desde el pasado año, en el que el Tribunal Supremo, a través de su Sala de lo Penal, estableció que una de las modalidades de falsificación corresponde a los supuestos en los que «la formación de un documento parezca provenir de un autor diferente del efectivo (falta de autenticidad subjetiva o genuinidad)», matiza, que es lo que ocurre cuando se conduce con la tarjeta del tacógrafo de otro conductor.

En la investigación a este conductor de camión se le atribuye un supuesto delito de falsedad documental, que puede conllevar unas penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta doce meses, apuntan las mismas fuentes.