Más de un centenar de colectivos, representados en el grupo de trabajo ‘Alarma Ambiental Galega’, han presentado recurso de reposición frente a las órdenes de la Xunta que reactivan la tramitación, en materia de evaluación medioambiental, de casi mil proyectos.
Se trata de proyectos cuya tramitación administrativa se encontraba paralizada por el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus. El pasado 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una orden de la Consellería de Economía, Emprego e Industria que «no solo daba luz verde a la continuidad de la tramitación» sino que, ha señalado este grupo de colectivos, «legitima a la Xunta para aprobar tales proyectos industriales de gran impacto».
Las entidades que han recurrido han pedido la suspensión cautelar de esta orden y también de una orden de abril de la Consellería de Medio Ambiente, «por contravenir» el Real Decreto del estado de alarma, que estableció con carácter general la suspensión de plazos y términos para la tramitación de procedimientos en las administraciones públicas.
Así, han recordado que solo se contempla, «de forma excepcional», que se continúen tramitaciones mediante resolución motivada cuando sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
NI DE INTERÉS GENERAL Y NI NECESARIOS
Sin embargo, han criticado, «la Xunta aprovecha esa excepcionalidad» para «subvertir la regla general y atribuirle tal carácter a casi mil expedientes» que, en su mayoría, «ni son de interés general ni son indispensables o estrictamente necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos».
‘Alarma Ambiental Galega’ ha denunciado que el gobierno gallego «intenta justificar en abstracto» el alcance del interés general de esas excepciones, cuando debería haberlo hecho «proyecto a proyecto».
Por tanto, ha concluido que en esas órdenes de la Xunta «se estarían dejando sin efecto las disposiciones previstas en el Real Decreto», y es una situación «grave» cuando «aún nos enfrentamos a una seria crisis sanitaria» y la población sigue limitada para desarrollar muchas actividades.
A ese respecto, estos colectivos han recalcado que «también están limitados los movimientos y las posibilidades de organización vecinal para responder a proyectos industriales de tan gran impacto», ya que los derechos fundamentales de los administrados «sufren un menoscabo» y las personas y colectivos tienen «menos posibilidades de ejercer control sobre la acción administrativa» o «evitar ilegalidades».
Los recurrentes han instado a la Delegación del Gobierno a atender dichos recursos y revisar las órdenes de la Xunta para comprobar si se ajustan a las disposiciones del Real Decreto del estado de alarma o si las contravienen.
