La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha presentado una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno por la «discriminación» de permitir este sábado las protestas en caranavas convocadas por VOX tras impedir la convocada por este sindicato en Vigo para el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con una única persona por vehículo.

De este modo, la central ha interpuesto este lunes una querella por prevaricación contra el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, tras considerar que «este comportamiento administrativo» responde a «intereses electorales» del Ejecutivo central.

En concreto, la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra la que desestimó el permiso para la protesta solicitada por la CUT, lo que posteriormente confirmaron el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC). En este último órgano, el presidente, Juan José González Rivas, decidió con su voto de calidad debido a la división de los magistrados. Además, el sindicato presentó un recurso contra el auto del TC que confirmaba la decisión del TSXG.

A través de esta querella, la CUT busca que el TS intervenga «ante la prohibición arbitraria de derechos» y que, dado el carácter de aforado del ministro, «determine si esa discrecionalidad y desviación de poder de la Administración puede constituir un delito de prevaricación o de deliberado impedimento del ejercicio de derechos fundamentales». También se aspira a que se establezca si esta decisión fue adoptada por el Ministerio del Interior o la Subdelegación del Gobierno.

SUPUESTOS DELITOS

Además, en el escrito presentado ante el TS, el sindicato ha señalado que ha presentado una querella «por la posible comisión de los delitos de prevaricación, denegación discriminatoria por razones ideológicas de prestaciones públicas, y subsidiariamente deliberado impedimento del ejercicio del derecho fundamental de reunión».

Así lo ha considerado dada la prohibición de la manifestación en caranava de vehículos promovida por este sindicato y la posterior autorización de una convocatoria «en idénticas condiciones y durante la vigencia de la misma normativa que motivó tal prohibición a la organización ultraderechista VOX».

En este sentido, la central ha recordado que el 21 de abril la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra no permitió la celebración de la marcha en Vigo tras remarcar que el estado de alarma «no contempla, entre las actividades excepcionadas de la limitación general para circular, los desplazamientos con el fin expuesto». No obstante, ha subrayado que estas autoridades han autorizado la celebración de caravanas de protesta «en idénticas condiciones» a la planteada por el sindicato el pasado 23 de mayo «sin ninguna actuación impeditiva».

Asimismo, se ha recordado que las manifestaciones de este fin de semana se permitieron al aludir la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra a que en el momento en el que se prohibió la marcha del sindicato Galicia se encontraba en un marco de restricciones más rígido. Sin embargo, ha señalado que la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión afirma que «los delegados de la autoridad gubernativa no intervendrán en las discusiones o debates ni harán uso de la palabra para advertir o corregir a los participantes».

LIMITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN

La CUT ha remarcado también que el estado de alarma permanece vigente y que las excepciones a la limitación general de circulación, que motivaron la prohibición de la marcha del 1 de mayo, «ni han sido modificadas ni han sufrido incorporación normativa alguna».

También ha resaltado que la «discriminación ideológica» que reflejan la autorización de las caravanas convocadas por VOX «no se fundamenta en la adhesión del bloque «gobernante a dicha organización o sus planteamientos», sino en la «utilización de los organismos administrativos que sirven al bien común para imponer un un criterio de utilidad política».

A ese respecto, la central ha lamentado en un comunicado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez haya considerado «electoralmente útil» el hecho de «fomentar manifestaciones de la ultraderecha» para presentar el «giro a la moderación» del gobierno de coalición «como una respuesta responsable».

Ante esta situación, se ha demandado que se tome declaración en calidad de investigados a los querellados y que se aporten los expedientes de reunión que se iniciaron por las solicitudes de reuniones de VOX para el pasado sábado en las distintas provincias.

También se reclama que se emita un informe del Ministerio del Interior «sobre la celebración de caravanas de vehículos policiales a las 20,00 horas, con pretensión solidaria con los servicios esenciales, en vehículos oficiales, de uniforme y haciendo sonar las sirenas». Así, se pide que «se determine el número de las celebradas, y las medidas adoptadas por esta autoridad durante su desarrollo y posteriormente a estas».