La Fiscalía Superior de Galicia mantiene abiertas diligencias por seis denuncias relacionadas con la gestión de casos de coronavirus en 8 residencias de mayores de la Comunidad, las mismas que mantenía abiertas la semana pasada.
De acuerdo con datos aportados este martes por la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha habido cambios en la investigación penal en los centros geriátricos gallegos por parte del Ministerio Público.
En concreto, figuran en el informe procedimientos de investigación por cuatro denuncias presentadas con respecto a otras tantas residencias de mayores de la provincia de Ourense (según ha trascendido, una es Nuestra Señora de la Esperanza) y otras dos diligencias por dos denuncias en la Fiscalía de A Coruña, una de ellas sobre una residencia, y otra denuncia sobre otras tres.
La Fiscalía General todavía incluye en los datos trasladados este martes un procedimiento judicial abierto en un juzgado de Cangas, aunque ya fue archivado el pasado 21 de abril porque, según la magistrada, no había «indicios suficientes de la perpetración de delito» y no había concreción en los hechos denunciados.
Por otra parte, la Fiscalía gallega también inició diligencias por una denuncia por maltrato en una residencia en A Fonsagrada (Lugo), y que ha archivado porque ya está judicializada. Asimismo, se abrieron diligencias por denuncias sobre protocolos en residencias por parte de la Fiscalía de área de Santiago; y diligencias por una denuncia presentada por un terapeuta de una residencia de Ourense, en relación con la atención a víctimas de violencia de género.
Además, figuran como archivadas varias diligencias penales, entre ellas una denuncia genérica interpuesta por Vox sobre la situación de las residencias gallegas, así como otras también de carácter genérico.
MADRID Y CATALUÑA, LAS QUE CUENTAN CON MÁS CASOS
En cuanto a los datos de toda España, la Comunidad de Madrid sigue siendo la que más diligencias de investigación penal por la situación de las residencias de ancianos acumula, un total de 79 expedientes de los 163 que se contabilizan en toda España, a los que hay que sumar 6 casos que ya se están instruyendo en otros tantos juzgados. La segunda comunidad más afectada es Cataluña, que suma un total de 30 diligencias de investigación penal por posibles irregularidades, seis más que hace una semana.
Desde hace varias semanas la Fiscalía general facilita los datos relativos al seguimiento de la situación de las personas mayores o discapacitadas y, particularmente, de quienes viven en centros y residencias en el actual contexto de pandemia por covid-19. Añade también el número de casos ya judicializados, que a día de hoy suman 18 en toda España.
En cuanto a las actuaciones civiles en defensa de la protección de derechos, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, continúan en trámite cerca de 210 expedientes.
Por lo que respecta a las investigaciones por presunta responsabilidad penal en Madrid, las diligencias fiscales incluidas en el informe que ha distribuido la Fiscalía General llegan casi al centenar, si bien de ese total hay que restar, para ser más precisos, los expedientes que ya han sido judicializados y los acumulados en un mismo número por tratarse de la misma residencia que ha sido varias veces denunciada.
Con este recuento son 79 las investigaciones que aún siguen vivas, seis de ellas en diferentes juzgados de la capital, Navalcarnero y Alcobendas. La investigación fiscal se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía Provincial (más de medio centenar de expedientes) y las fiscalías de Alcalá de Hemares (9), del área Getafe-Leganés (7) y de la de Móstoles-Fuenlabrada (9 casos).
Cataluña ha experimentado un ascenso en el número de expedientes incoados por la Fiscalía en el ámbito penal, pasando de 14 a 30 y concentrándose la mayor parte de ellas, un total de 16, en la Fiscalía de Barcelona. También se investigan irregularidades en centros del área de Granollers (4 diligencias abiertas), Manresa-Igualada (1), Sabadell (5), Terrasa (1), Mataró (2) y Tarragona (1).
AUMENTO DE INVESTIGACIONES EN LAS CASTILLAS
En cuanto a la dos Castillas, el último recuento de la Fiscalía General del Estado muestra un aumento de las investigaciones en ambos territorios, situándose en 16 diligencias en Castilla-LaMancha y otras tantas en Catilla y León. Difiere el número de causas penales ya abiertas en cada territorio, ya que mientras en Castilla-LaMancha son sólo 2 en Catilla y León son 5.
En Aragón se siguen contabilizando 3 diligencias que se siguen en la Fiscalía Provincial de Zaragoza, una de ellas a raíz de la denuncia de trabajadoras contra la empresa que gestiona la residencia de mayores en la que trabajan, y en Teruel; mientras que en Extremadura se registran cuatro casos abiertos, dos de ellos en Cáceres y otros dos en Badajoz. En Baleares se contabiliza una única diligencia y tanto La Rioja como Valencia también contabilizan una única investigación penal.
Las comunidades en las que no se registra ninguna causa abierta, ni en Fiscalía ni en Juzgados son Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Navarra y País Vasco, según los datos aportados por esta institución.
DILIGENCIAS CIVILES
Por otro lado, la Fiscalía mantiene en trámite muchas de las diligencias civiles incoadas para tener un «conocimiento puntual de las necesidades» en residencia y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española, en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.
Así, según el último recuento de la Fiscalía, se han registrado un total de 218 actuaciones, de las cuáles 210 siguen en trámite y 18 han sido archivadas.
Cataluña sigue liderando el listado de comunidades que más investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad tiene abiertas, siendo el total 86, de las cuales una fue archivada y otras tres se transformaron en diligencias de investigación, estando una de ellas ya cerrada también.
Le sigue Andalucía, donde se han incoado 31 diligencias civiles (1 archivada), teniendo en cuenta que la Fiscalía Provincial de Sevilla ha abierto 16 piezas separadas relativas a diferentes residencias de la capital y la provincia; Castilla y León, con 25 diligencias civiles (2 archivada); y Comunidad Valenciana donde ahora mismo hay 20 actuaciones de ámbito civil y donde se prevé que se próximamente se abran otras 4.
En Castilla-La Mancha ha un total de 9 diligencias, de las cuales tres están pendientes de archivo; 5 en Aragón; otras 4 en Madrid; 3 en Cantabria; 3 en Canarias (una archivada); 2 en Islas Baleares; otras 2 en Navarra; 1 en La Rioja y otra en País Vasco. La Fiscalía no había abierto hasta el momento ninguna diligencia civil, siendo esta semana cuando se han incoado dos.
El Ministerio Público incluye además dentro de las diligencias civiles otras actuaciones relativas a discapacidad, comunicaciones o centro de menores, como se aprecia en Galicia, donde se han registrado 16 diligencias, de las cuáles siete se han archivado.
Entre ellas hay una relacionada con un centro de menores, otra por residuos sanitarios, otra por comunicación con la Fiscalía General del Estado y otras tres que fueron incoadas por la denuncia de un partido político, por un escrito de una asociación o de la directora de un centro geriátrico sobre una incidencia sanitaria.
En Extremadura, donde hay pendientes de incoación nuevas diligencias de control de residencia, según advierte el Ministerio Público, se han contabilizado 8 diligencias civiles, pero sólo cinco siguen en trámite. De las tres actuaciones archivadas, una era una diligencia de discapacidad. Por último, en Murcia, se han incoado 2 diligencias, una de ellas por el fallecimiento de una persona de 27 años.
