Funcionarios de las prisiones gallegas aún esperan, más de un mes y medio después de que la crisis del coronavirus fuese declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ya a las puertas de la desescalada, a que se les realicen las pruebas. Recuerdan que para ellos es «prioritario», aunque ya tienen la vista puesta en el siguiente paso: la reducción paulatina de restricciones y piden que se haga «bien» y se extremen las medidas de seguridad para evitar rebrotes.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de distintos sindicatos con representación en los centros penitenciarios de la Comunidad. Por el momento, esperan «con cautela» los pasos que se puedan concretar en el ámbito estatal y cómo ajusten los protocolos después los cinco centros penitenciarios que hay en la Comunidad –Teixeiro, A Lama, Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguiar–.

Las fuentes consultadas coinciden en la importancia de que haya unas medidas de seguridad adecuadas y ponen el foco, sobre todo, más allá de los permisos, en las comunicaciones y vis a vis tanto familiares como íntimos. Coinciden en que es «un derecho» que asiste a los reclusos y que hay que respetar, al igual que en el resto de la sociedad se «normaliza la vida», pero piden que sea «controlado» y «seguro».

También habrá que ver qué sucede con los talleres laborales con monitores externos y funcionarios consultados inciden en los efectos de que el personal de oficinas pueda volver a incorporarse (gran parte ahora estaba con teletrabajo) o lo hagan trabajadores con patologías especialmente sensibles al COVID-19. Por ello, el objetivo, a su modo de ver, debe seguir siendo evitar que haya un brote de la enfermedad que, hasta el momento, se ha podido evitar en los penales autonómicos.

Y es que, en las cárceles gallegas, la mayor parte de las fuentes consultadas coinciden en que ha habido «responsabilidad» y una «buena respuesta» a las peticiones de seguridad por parte del personal y de los directores. No se conoce que se haya infectado ningún recluso y los casos de trabajadores no llegan a la decena. Todos ellos, además, son contagios externos.

A ello ayudan medidas adoptadas en algunos centros como la cuarentena sistemática de cualquier nuevo interno durante 14 días, tenga o no síntomas. El objetivo último es preservar la seguridad y no solo de los trabajadores, si no también de los internos. «Siempre ponemos la comparación con las residencias, nuestros reclusos tienen en ocasiones muchas patologías sensibles, un brote podría tener efectos terribles», avisa uno de los funcionarios consultados por Europa Press.

AÚN ESPERAN LOS TEST

En este sentido, fuentes de los distintos sindicatos consultados por Europa Press –Acaip-UGT, CSIF, CC.OO. y CIG– inciden en lo «grave» que resulta que sigan esperando por la realización de pruebas «a estas alturas». Recuerdan que trabajan en «centros cerrados», que los expertos los sitúan como colectivo prioritario y que «lo óptimo» sería que también los internos hubiesen sido testados.

Todos ellos han enviado distintos escritos a diversas autoridades estatales y también de la Consellería de Sanidade, incluido al propio titular del departamento, Jesús Vázquez Almuiña. Y es que, según coinciden las voces consultadas, uno de los «problemas» con los que se encuentran es que las cárceles están «entre dos aguas».

Así, la instalación como tal, cada centro penitenciario, depende de Instituciones Penitenciarias, pero la competencia sanitaria y, en este caso, para la realización de los test que demandan los trabajadores reside, según han ratificado las fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por Europa Press, en la Comunidad.

«Y mientras tanto, de test masivos, nada. Aunque por ahí se pueda leer que sí», lamenta uno de los trabajadores consultados por Europa Press, que contrasta la situación gallega con lo sucedido en Asturias y otras comunidades, «donde sí se han realizado» –algo que destacan otros funcionarios de prisiones consultados por Europa Press–.

La diferencia con el caso de Asturias, admite este trabajador, es que tanto las plantillas como los reclusos son mucho más numerosos en Galicia. Pero agrega que «esta situación tiene una doble lectura»: a mayor población, «mayor riesgo si hubiese un brote dentro».

PROCEDIMIENTO CON MUFACE

En esta coyuntura, la pasada semana se anunció que Instituciones Penitenciarias y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) han puesto en marcha un «procedimiento específico» para la realización «de forma inminente» de pruebas de detección del COVID-19 al personal penitenciario. Aunque en el mismo anuncio se advertía que la iniciativa está «condicionada» a los protocolos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas.

En uno de los escritos que los sindicatos han remitido a Sanidade (en este caso de Acaip) se hace constar, en todo caso, que «el acuerdo con Muface deja fuera a aquellos trabajadores que no se encuentren en aislamiento sanitario, para los que sería muy conveniente la realización de test serológicos, y aquellos que, siendo mutualistas, tienen como opción sanitaria la del Sistema Nacional de Salud, quedando fuera tanto de la realización de PCR como de test»

PROTOCOLO DEL SERGAS

Consultadas por Europa Press, fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) han remitido el protocolo con el que trabajan para las cárceles. En el caso de los funcionarios, la sistemática arrancaría con el funcionario «realizando una llamada al 061».

«A continuación, el 061, una vez comprobado que el paciente cumple os criterios de toma de muestra, haría la solicitud al Servizo de Medicina Preventiva correspondiente, que contactaría con el funcionario para establecer la cita y el sistema de toma de muestra», recoge.

Mientras, funcionarios de prisiones gallegas relatan que, en todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia, «por no hacer pruebas, no se le han hecho ni a algún compañero que tenía familiares infectados».

¿Y SI HUBIESE PACIENTES PENITENCIARIOS?

¿Y si hubiese pacientes penitenciarios? Aunque por el momento no se han confirmado positivos en reclusos de las cárceles gallegas, el Sergas también tiene un protocolo, que precisa que la atención sanitaria de los pacientes recluidos que presentan infección respiratoria aguda será realizada por el equipo sanitario del penal, que hará la evaluación clínica y valorará los síntomas sospechosos de COVID.

Si hubiese una sospecha fundada y «síntomas graves», los pasos a seguir serían que el equipo sanitario del penal contacte con el médico de guardia del hospital del área sanitaria de referencia, bien para asesoramiento, aclarar dudas, o evaluar la necesidad del traslado y, cuando sea necesario, organizar el traslado a la unidad de ingreso hospitalario penitenciario para la atención sanitaria.

Ante síntomas leves, se plantea, en primer término, llevar a cabo el aislamiento del paciente en el módulo sanitario de la prisión y que «se le apliquen las correspondientes medidas de higiene recomendadas».

A continuación, y «si cumple los criterios de toma de muestra publicados por el Sergas», se apunta que el equipo sanitario del penal contactará con el área sanitaria correspondiente para solicitar la toma de muestra clínica, para la que se desplazará el equipo móvil hasta la prisión. El resultado del test diagnóstico se le facilitará telefónicamente desde el Servicio de Medicina Preventiva.

El seguimiento asistencial, si no empeora su clínica, seguiría siendo, según el protocolo del Sergas, en el módulo de aislamiento de la prisión.