El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado a los grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que los criterios sanitarios, y no económicos, van a ser los que guíen la fase de desescalada.
El ministro ha respondido así durante su quinta comparecencia en la citada comisión después de que la mayoría de los partidos de la oposición haya criticado la falta de liderazgo del Gobierno en esta crisis y la descoordinación entre departamentos que, a su juicio, causan desconcierto entre los ciudadanos que, denuncian, no saben cómo será su futuro, puesto que tienen noticias fiables sobre el proceso de desescalada.
Esta situación, para Vox, es consecuencia de el sistema autonómico del país y ha criticado la incertidumbre que, a su juicio, genera que cada autonomía dé unos datos diferentes sobre la pandemia. En este sentido, y como hace todas las semanas, su portavoz de Sanidad, Juan Luis Steegamnn, ha reclamado la creación de una base de datos nacional. A su juicio, las regiones están convirtiendo esta crisis en «una torre de babel» que está «desprestigiando» al sistema sanitario español.
Estas declaraciones de la formación de Santiago Abascal contrastan con las de partidos como PNV, EH Bildu, BNG o ERC, que reclaman al ministro que deje la fase de desescalada en manos de las autonomías. A su juicio, son quienes conocen mejor los territorios y sus peculiaridades y, tal y como ha indicado la portavoz de la formación independentista catalana, Pilar Valluguera, son quienes han gestionado la Sanidad desde hace 30 años.
Desde el PP, su representante, Cuca Gamarra, ha criticado la falta de información del Gobierno a los partidos y le ha exigido al Ministro que les facilite los informes de expertos en los que se basan las decisiones del Ministerio y que sean más claros en la información sobre la compra de mascarillas defectuosas, casos de los que, según ha indicado, se han enterado por la prensa. También ha lamentado que el Ejecutivo no ponga con antelación fechas para la desescalada, para determinar cuándo los niños pueden volver al colegio, entre otras, como, según explica, hacen otros países, «Falta liderazgo», ha reprochado a Illa.
Similar ha sido la intervención del representante de Ciudadanos, Guillermo Díaz, que ha hablado de «inseguridad e incertidumbre», de «rectificaciones» y de medidas tomadas a «trancas y barrancas». El naranja ha sido uno de los que han cuestionado al ministro sobre la falta de transparencia del contrato con la empresa que consiguió las mascarillas defectuosas. Pero, además, se ha interesado por el procedimiento y los tiempos del estudio serológico que está preparando el Ministerio.
A todos ellos, Illa ha respondido que para la fase de desescalada se van a fijar, junto a las comunidades autónomas, una serie de marcadores que serán los que indiquen el momento más oportuno para comenzar a levantar las restricciones. «Queremos que las comunidades autónomas participen en la definición de los indicadores», ha dicho, para asegurar que el desescalado será «asimétrico».
Dicho esto, el ministro ha reiterado que el virus sigue siendo, en muchos aspectos, «desconocido» y que, por tanto, en la actualidad hay muchas preguntas que «no tienen respuesta», si bien se ha comprometido a darla cuando disponga de los datos necesarios. «Una cosa es hacer propuestas y otra tomar decisiones y, por eso, hemos actuado con suma cautela y prudencia en la materia de los paseos de los niños y así lo seguiremos haciendo en todas las medidas que vamos a tomar», ha zanjado.
MASCARILLAS GRATUITAS
En su intervención, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado «medidas contundentes» para una mayor eficacia de todo el operativo de contención y control de la epidemia. Entre ellas, ha reclamado la «distribución masiva y gratuita de mascarillas» a toda la población, la generalización de test para identificar más rápidamente y poder aislar los positivos y proveer de equipos de protección individual a todo el personal que trabaja en una zona de riesgo.
Rego ha lamentado la «imprevisión», que se «agravó por el caos y la ineficacia posterior a la gestión y distribución de este material». «Entendemos que a estas alturas, después de las medidas adoptadas, el Gobierno debe de estar en condiciones de garantizar que se generalice el uso de mascarillas», ha apuntado.
Además, ha sido crítico con la «demora» en establecer precios máximos a las mascarillas u otro material sanitario y reclamó que se elimine la tasa de reposición de efectivos, puesto que en el escenario post emergencia sanitaria «será necesario reforzar el conjunto de servicios públicos» para atender adecuadamente las necesidades de la población.
