La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) considera que es perfectamente razonable actuar de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas y se muestra favorable a la regulación de precios, tal y como recoge la Orden del Gobierno, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De hecho, a patronal de la sanidad privada, advierte de que «los laboratorios privados llevan actuando a las órdenes de cada comunidad autónoma desde el decreto de alarma de 14 de marzo». Y, además, recuerdan que en cuestión de pruebas diagnósticas, «todos los resultados de las pruebas se han informado a las CCAA pertinentes, tanto los que han dado positivo como negativo».

Asimismo, las clínicas ya realizaban estos test bajo criterios de prescripción médica previa, aunque reconocen que también atendiendo circunstancias excepcionales que, «han justificado la intervención sin prescripción», como actuaciones urgentes en residencias de mayores ante la petición de ayuntamientos y en empresas con personal afectado con sintomalogía.

En cuanto al precio, ASPE señala que se «ha actuado en todo caso con proporcionalidad en el precio respecto a las condiciones inestables y complejas de aprovisionamiento y adquisición de los distintos tipos de test de COVID-19 en el mercado internacional». Asimismo, respecto a la regulación de precios que previene la mencionada orden ministerial, señalan que los exigentes requisitos (pago por adelantado, precios variables…) en la adquisición de las distintas pruebas diagnósticas en dicho mercado deberán ser tenidas muy presentes para que no haya un desfase entre el precio regulado y el precio de aprovisionamiento real.

En caso de producirse, añaden, «esta situación podría acarrear que los centros clínicos privados no puedan operar en el mercado y, por tanto, no tengan margen para mantener su servicio, algo similar a lo que sucede con los problemas de liquidez del conjunto de la sanidad privada».

Así, tras la publicación de esta Orden, Carlos Rus, presidente de ASPE, subraya la necesidad de que el Gobierno se reúna con ellos de forma previa a la determinación de las condiciones de regulación, para informarles de su capacidad y margen para la adquisición de test, «en el contexto de la delicada situación financiera y económica en que se encuentra el sector sanitario privado».

«Sería muy constructivo y beneficioso que haya un flujo de información constante con la administración central para informarnos de todas las decisiones que nos afectan de forma directa», concluye.