La denuncia de una persona anónima permitió destapar el maltrato al que se vieron sometidos los residentes de las viviendas comunitarias Burón I y II, centro privado de atención a mayores que la Consellería de Política Social se vio obligada a clausurar ante la gravedad de los hechos registrados en las instalaciones.

Esta persona proporcionó a los servicios sociales del municipio tanto vídeos como material fotográfico de la situación en la que se encontraban los residentes, y que permitió elevar el caso a la Xunta y a las propias autoridades.

La actuación por parte de los servicios municipales se inició a raíz de una queja, realizada en el mes de marzo, por parte de una residente de un centro público y que había estado previamente en la citada residencia privada.

A pesar de ello, según ha trasladado el regidor local, Carlos López, en declaraciones a Europa Press, en ese momento la delegación autonómica en Lugo no pudo abrir una investigación por falta de documentación y pruebas suficientes que demostrasen los hechos.

Esta nueva denuncia anónima fue la que facilitó los elementos suficientes para iniciar una investigación sobre el centro, y la inspección por parte de la Xunta de Galicia.

Los efectivos que acudieron a la residencia, tanto del PAC de A Fonsagrada como de la Inspección autonómica, permanecieron allí más de cuatro horas para comprobar el estado de las instalaciones y de los residentes, hasta que se finalmente se decidió decretar la clausura del centro.

HERIDAS DIVERSAS

Los ancianos trasladados, unos 29 residentes, permanecen en una planta del Hospital Lucus Augusti y la situación de cada uno es diferente.

Según han trasladado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, algunos presentan úlceras, llagas o hematomas.

Política Social ha asegurado que están siendo atendidos de su estado y que cuando la situación se normalice serán trasladados a otros centros, en función de lo que decidan sus familiares.

ESCRITO ANTE LA FISCALÍA

El departamento dirigido por Fabiola García detectó diversas irregularidades tanto en las condiciones del centro como en la atención a los residentes.

En el centro había 29 ancianos a pesar de contar con 23 plazas y en condiciones inadecuadas, lo que motivó la urgencia de las actuaciones desde la Administración gallega para ordenar el cierre inmediato de las instalaciones.

Ante la gravedad de la situación, se remitió un aviso al cuerpo de Guardia Civil y se remitió informe a la Fiscalía ante la posibilidad de que el caso sea constitutivo de «ilítico penal».