La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha defendido la actuación «inmediata» de los servicios de inspección de la administración gallega ante las irregularidades y las malas condiciones en las que se encontraban los ancianos de la residencia privada clausurada este miércoles en A Fonsagrada.

La Xunta ordenó el cierre cautelar de las viviendas comunitarias Burón I y II tras constatar las condiciones de las personas que residían en estas instalaciones, y trasladó la situación tanto a la Fiscalía como a la Guardia Civil ante la gravedad de la situación y la desatención en la que se encontraban los residentes.

«No podemos ni vamos a permitir cosas como esta. Ante cualquier irregularidad se actuará con toda contundencia», ha advertido Fabiola García, quien ha asegurado que todos los afectados han sido trasladados al Hospital de Lugo para someterse a un chequeo completo y desde la Xunta se ha avisado a sus familiares.

La responsable de Política Social ha insistido en que el Gobierno gallego «no va a admitir esto de ninguna manera» y que todos los mayores «merecen los mejores cuidados», tanto por ellos, por sus seres queridos como por «tantos trabajadores de residentes de toda España que hacen un trabajo magnífico y no merecen que se dañe su imagen».

«Una cosa es que entre un virus en una residencia que desgraciadamente está llegando a todas partes y ante el que hay que actuar si no se hacen las cosas como es debido; y otra muy distinta es que en una residencia no se esté asistiendo a los mayores con la dignidad que merecen», ha advertido.

INFORME DE SERVICIOS SOCIALES

La denuncia partió de un informe emitido por los servicios sociales de A Fonsagrada este martes, en el que se advirtió a la administración gallega de una posible situación de maltrato a los residentes del centro y de diversas irregularidades tanto en las condiciones como en la atención a los mismos.

Ante la gravedad de la situación alertada en el documento, la inspección de servicios sociales de la Xunta se desplazó al centro para corroborar los hechos retratados en la denuncia y también remitió un aviso a cuerpo de Guardia Civil.

Los efectivos desplazados constataron la situación en la que se encontraban estos residentes, un total de 29 ancianos en un centro con 23 plazas y en condiciones inadecuadas, que motivaron la urgencia de las actuaciones desde la Administración gallega para ordenar el cierre inmediato de las instalaciones.

La gravedad de los hechos llevaron a la Xunta a trasladar el parte a la Fiscalía ante la posibilidad de que el caso sea constitutivo de «ilítico penal», informa la Consellería de Política Social.