Una jueza de lo contencioso administrativo en Pontevedra ha reducido una sanción de 15 meses de empleo y sueldo a 15 días –el mínimo previsto– a una profesora en la provincia de Pontevedra por falta de rendimiento.
Tras este fallo, la CIG denuncia que existe «persecución y represión» contra maestros por parte de un inspector educativo por motivos «ideológicos».
Y es que la CIG considera que esta sentencia «viene a tirar abajo» la resolución de un expediente disciplinario a una profesora. Así, ha indicado que la profesora había «puesto en conocimiento» de la inspección una «actuación irregular» llevada a cabo por alguien de su mismo centro, pero que fue ella a quien se investigó y se realizó una «apertura de expediente y sanción desproporcionada».
En esta línea, la CIG ha señalado que la «investigación de la totalidad de la vida profesional de una docente», después de que esta denunciase una situación en el centro, «solo puede ser interpretada como un afán sancionador».
El sindicato relaciona esta situación con que la profesora mostrase «un compromiso claro con posiciones claramente progresistas y críticas». Así, consideran que hay inspectores que, al tener «ideología conservadora e incluso ultraconservadora», «no pueden tolerar» a personas con ideas como las de la profesional sancionada.
La CIG ha recalcado que, finalmente, ante la demanda que presentaron por la actuación, la sentencia del Contencioso Administrativo «anula una de las faltas que se le quería imponer a la profesora y modifica drásticamente la segunda, reduciéndola a 15 días».
«Una situación muy diferente», insisten, a la diseñada por el instructor del expediente que solicitaba 15 meses de suspensión de empleo y sueldo.
PROFESORADO Y DIRECCIÓN «DESAMPARADOS»
La CIG considera que la Administración «deja en el desamparo» a los cargos directivos y al profesorado. Además, ha señalado que «no es la primera vez» que inspectores de Pontevedra «se extralimitan en sus funciones imponiendo medidas no justificadas e investigando» a quien contacta con ellos para buscar soluciones a algún problema del centro.
«Estamos delante de personas que ejercen su función con una autoridad excesiva y unas formas que no son propias de la función docente y que muestran su ideología ultraconservadora», ha añadido.
Asimismo, la organización exige que «se reprueben estas conductas y que se modifiquen inmediatamente» e indican que «no permitirán» que «concepciones ideológicas marquen la agenda del trabajo de un funcionario».