La Audiencia Provincial de Ourense ha rechazado el incidente de recusación presentado el pasado noviembre por el Ministerio Fiscal contra la magistrada que instruye la Operación Zamburiña, un procedimiento contra nueve presuntos traficantes y cuatro policías de la anterior brigada antidroga de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense.

El proceso abierto acusa a los cuatro agentes de proteger, tolerar y facilitar información para que los presuntos traficantes se hiciesen con grandes incautaciones de substancias psicoactivas.

Después de que se abriese esta causa, el pasado noviembre, el Ministerio Fiscal interpuso un incidente de recusación contra la jueza de instrucción, pero «todas las partes personadas presentaron los correspondientes» escritos en los que manifestaban su «oposición» a la recusación para apartar a la magistrada del caso.

Igualmente, la Audiencia Provincial se ha opuesto a esta medida ya que considera que para plantear una recusación es necesario «expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos» en los que se fundamenta. Debe sostenerse con «hechos y circunstancias concretas» que dejen un «rastro escrito».

Esta es una condición que el órgano provincial no aprecia en este caso y, además, considera «que los intereses» de la Fiscalía «están perfectamente garantizados» en lo que respecta a un «juez imparcial».

DECISIÓN NO RECURRIBLE

Por todo esto, se ha rechazado el incidente de recusación, se devuelve a la recusada la causa y se sentencia que contra esta resolución no será posible recurrir. De esta manera, después de meses de retraso, será posible iniciar la vista oral del juicio.

En concreto, los 13 encausados en la Operación Zamburiña se enfrentan a penas de prisión que suman casi 100 años de cárcel. La fiscal solicita siete años y medio para el exjefe del departamento Antidroga; siete para uno de sus compañeros y seis y tres meses para otra. El cuarto tendría que pagar una multa de 5.400 si lo declaran culpable.

Para los traficantes el Ministerio Fiscal solicita penas de hasta 13 de años de cárcel por traficar con substancias psicoactivas.