La estrategia gallega de la infraestructura verde de la Xunta recupera la figura de protección para una zona en la que pretendía instalarse la planta de Altri, en Palas de Rei (Lugo).

Lo hace tras firmar una orden el nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, con la que la Xunta da cumplimiento a la sentencia del pasado 13 de febrero de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), fallo que adquirió firmeza en abril.

El colectivo ecologista Adega denunció en su día la «desprotección», antes del archivo del expediente para implantar la pastera. En concreto, recurrió ante el TSXG la estrategia verde con base en el principio de no regresión en materia ambiental, ya que esa área, según impugnaba, quedó «en blanco de la noche a la mañana».

La justicia le dio la razón a los ecologistas en un fallo que recogía que para justificar esta «corrección» es necesaria una «especial motivación», que en este caso no consta.

Así las cosas, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves una orden «por la que se da cumplimiento a la Sentencia 60/2026, de 13 de febrero», con la que el Gobierno gallego «modifica» la estrategia gallega de la infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas «para reponer, en el marco de la estrategia, la zona de amortiguamiento objeto del procedimiento en los términos en los que figuraba con anterioridad al trámite de información pública».

La orden, que incorpora un link para descarga de mapas que forman parte de la estrategia de infraestructura verde, producirá efectos desde este viernes.

NUEVA «MANIOBRA»

Precisamente Adega volvió a denunciar, la semana pasada, otra «maniobra» de la Xunta, a la que acusa de utilizar la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2027 para, mediante una modificación de la ley de ordenación del territorio, facilitar una eventual reactivación del proyecto.

Esa ley, que es la de medidas fiscales y administrativas que cada año acompaña a las cuentas públicas de la comunidad y que la Xunta emplea para cambiar multitud de normas, se encuentra en estos momentos en fase de tramitación parlamentaria, con la previsión de que se apruebe antes de acabar el año y entre en vigor el 1 de enero.