Adega ha denunciado que la Xunta utiliza la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2027 para «burlar» la sentencia que le obliga a restituir la protección del territorio en el que se iba a instalar Altri, tras desaparecer dicha área de la estrategia verde «sin aportar justificación».

En rueda de prensa, el secretario ejecutivo de la asociación ecologista, Fins Eirexas, ha recordado que al aprobar la Estratexia de Infraestrutura Verde (EIV) el Gobierno gallego eliminó la protección prevista para ese territorio sin «explicación». De este modo, ha asegurado, pretendía facilitar la construcción de la fábrica en un espacio con hábitats de interés y especies protegidas.

Según ha relatado, la entidad recurrió en contencioso la orden relativa a la estrategia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló a favor de la organización ecologista, condenando al Ejecutivo autonómico a recuperar la consideración como «zona de amortecimiento» del área, lo cual implica un grado de protección.

Además, la sala argumentaba que el proceder de la Xunta resultaba «contrario al principio de no regresión en materia medioambiental, contradictorio y sumamente extraño» al no justificarse ese cambio de criterio.

En este sentido, Eirexas ha señalado que el proyecto de Altri recibió una Declaración Ambiental Favorable (DIA), pero esta es «nula», a su juicio, al aprobarse sobre un territorio que no contaba con protección.

En abril, la sentencia adquirió firmeza. Sin embargo, según Adega, la Xunta «la desobedece» y «sigue sin recuperar la protección del territorio». «Se negó a cumplir una sentencia judicial y nosotros venimos como parte demandante a reclamar que se ejecute», ha subrayado.

Para la entidad ambientalista, se trata de una «artimaña antidemocrática» de la Xunta para recuperar el aval ambiental al proyecto de Altri ante una eventual llegada de PP y Vox al Gobierno del Estado, con las competencias en materia de planificación eléctrica.

Un «cambio legislativo» que, a su parecer, tendría una finalidad similar a la medida que permite volver a tramitar los parques eólicos suspendidos cautelarmente.

«Una vez más, la Xunta pretende determinar de forma arbitraria lo que se puede y lo que no se puede hacer en nuestro territorio, qué territorios se protegen o qué territorios se desprotegen en función de los intereses concretos de una determinada empresa. Por lo tanto, seguimos a la deriva hacia una forma de actuar antidemocrática y cada vez más autoritaria», ha remarcado la secretaria ejecutiva, Belén Rodríguez.

Ante este escenario, Adega ha reclamado la ejecución forzosa de la sentencia, que implicaría que la DIA incurriera en un «vicio de nulidad» y Altri «dejase de contar con el aval ambiental para construir su fábrica en ese territorio», en el caso de que se quiera retomar el proyecto.

También ha llamado a la ciudadanía gallega a que «no baje la guardia» y a la judicatura ante lo que ve una intención de la Xunta «de burlar o saltarse las normas» de las sentencias judiciales.