El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para conceder 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler.

Esta dotación recaerá sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas y que abarcan a más de 9 millones de habitantes, según ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De estos 180 millones, Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. Le siguen Euskadi, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.

De los 10,2 millones que recibirá Galicia, 7,3 millones se reservan para A Coruña y los 2,9 millones restantes, para la capital gallega.

Rodríguez ha explicado que el reparto de los fondos tiene en cuenta tanto la población afectada por la declaración de zona tensionada como el esfuerzo que realizan las familias para pagar el alquiler, de forma que la financiación sea mayor en los territorios con más población afectada y mayores dificultades para afrontar estas rentas.

La ministra ha defendido que la declaración de zonas de mercado residencial tensionado no supone reconocer una situación positiva, sino constatar la existencia de un problema que «requiere soluciones extraordinarias». En este sentido, ha recordado que estas zonas permiten aplicar medidas como la limitación de las subidas del alquiler al finalizar los contratos y las bonificaciones a los propietarios que reduzcan las rentas.

CINCO ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Las comunidades autónomas podrán destinar las subvenciones a cinco ámbitos de actuación. El primero es la promoción y rehabilitación de viviendas, así como el desarrollo de soluciones habitacionales alternativas, para destinarlas al alquiler social o asequible, con independencia de la calificación y titularidad del suelo.

Los fondos también podrán financiar la adquisición de suelo con edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o de sus entidades dependientes o vinculadas con competencias en materia de vivienda, así como el desarrollo y la urbanización de terrenos destinados a uso residencial.

El cuarto ámbito contempla la compra de viviendas existentes y otras soluciones habitacionales para incorporarlas al alquiler social o asequible. Por último, las ayudas podrán destinarse a cubrir impagos de contratos de arrendamiento de viviendas.

Rodríguez ha recordado que el Ministerio ya había previsto otras medidas extraordinarias para estos territorios en el Plan Estatal de Vivienda, entre ellas ayudas para la construcción de vivienda pública y la posibilidad de que las administraciones financien hasta el 80% del coste de adquisición de viviendas ya construidas para destinarlas al alquiler asequible.