La Comisión Europea ha presentado este martes una estrategia para modernizar la flota pesquera de la Unión Europea, reducir su dependencia de los combustibles fósiles y facilitar las inversiones en pesca y acuicultura hasta 2040, con medidas que incluyen la renovación de los barcos, la simplificación de los trámites para las explotaciones acuícolas y un mayor apoyo a los pequeños pescadores, ante problemas como el envejecimiento de los trabajadores, los elevados costes energéticos y la competencia de las importaciones.

El plan, denominado ‘Visión 2040 para la pesca y la acuicultura’, contempla impulsar el uso de tecnologías menos contaminantes, mejorar las condiciones laborales y facilitar la incorporación de jóvenes, además de reforzar la producción europea de pescado y marisco para reducir la dependencia exterior, en un mercado en el que el 62% de los productos consumidos procede de terceros países, según los datos recogidos por el Ejecutivo comunitario.

Así, Bruselas propone una transformación gradual del sector, que emplea directamente a unas 200.500 personas en la UE, de las que 124.500 trabajan en la pesca y otras 76.000 en la acuicultura, a las que se suman los puestos vinculados a la transformación, distribución y comercialización de estos alimentos.

Para llevar a cabo estas medidas, Bruselas plantea recurrir, entre otras fuentes de financiación, a los al menos 2.000 millones de euros que su propuesta para el próximo presupuesto comunitario de 2028-2034 contempla destinar a la Política Pesquera Común (PPC), una dotación todavía pendiente de negociación entre los Estados miembro que serviría para apoyar la pesca y la acuicultura sostenibles y la recuperación de los ecosistemas marinos.

«Unos ingresos justos para los pescadores y los productores acuícolas y un medio marino saludable dependen el uno del otro», ha defendido el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, que ha reivindicado la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los recursos naturales y la viabilidad económica de las empresas.

MODERNIZAR LOS BARCOS Y REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Una de las principales líneas de actuación será la renovación de las embarcaciones para mejorar su eficiencia energética y reducir los gastos de funcionamiento, especialmente en un contexto de volatilidad de los precios del combustible que, según advierte la Comisión, está afectando a la competitividad de la flota europea.

Para ello, la estrategia establece una primera fase hasta 2030 centrada en reducir el consumo energético, desarrollar nuevas tecnologías y probar combustibles alternativos, mientras que, a partir de esa fecha, plantea extender progresivamente el uso de sistemas de propulsión con bajas o nulas emisiones, acompañados de inversiones en infraestructuras portuarias.

Bruselas también revisará las directrices de 2014 utilizadas para evaluar la capacidad pesquera de los Estados miembro, con el fin de estudiar cómo tener en cuenta las necesidades de modernización, seguridad y mejora de las condiciones de trabajo a bordo, sin abandonar el objetivo de ajustar la actividad extractiva a los recursos disponibles.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario quiere reforzar el apoyo a la pesca artesanal y facilitar que los profesionales puedan complementar sus ingresos mediante otras actividades, como el turismo pesquero, al tiempo que anima a los gobiernos nacionales a mejorar el acceso de los pequeños operadores y los nuevos trabajadores a las oportunidades de pesca.

Otra de las prioridades será impulsar la cría de peces, moluscos y otras especies acuáticas, una actividad cuya producción apenas ha crecido en los últimos años y para la que Bruselas prepara una propuesta legislativa antes de finales de 2027 destinada a simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer mayor seguridad a las empresas que quieran ampliar sus instalaciones.

La Comisión pondrá también en marcha el próximo año una iniciativa europea de acuicultura sostenible para mejorar la coordinación entre las administraciones y los productores, además de promover inversiones que permitan aumentar la oferta comunitaria sin rebajar las exigencias medioambientales.

En materia de financiación, el Ejecutivo recuerda que su propuesta para el próximo presupuesto europeo de 2028-2034 reserva un mínimo de 2.000 millones de euros para actuaciones vinculadas a la Política Pesquera Común, entre ellas la pesca y la acuicultura sostenibles y la recuperación de los ecosistemas marinos, aunque esta dotación todavía está pendiente de negociación.

A estas ayudas podrían sumarse recursos de otros instrumentos comunitarios y financiación privada, para lo que Bruselas plantea reforzar la cooperación con el Banco Europeo de Inversiones y las entidades financieras nacionales, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para renovar instalaciones y embarcaciones.

La estrategia aborda asimismo el relevo generacional, después de que la proporción de pescadores menores de 40 años haya descendido del 31% en 2017 al 26% en 2023, y prevé presentar en 2027 un plan específico para atraer nuevos profesionales mediante formación, mejores condiciones laborales y posibles apoyos para acceder a una primera embarcación o iniciar una actividad acuícola.

MÁS CONTROL DE LAS IMPORTACIONES Y DE LA PESCA ILEGAL

En el ámbito comercial, la Comisión pretende reforzar la posición de los productores europeos frente a la competencia internacional y aumentar la información disponible sobre el origen de los alimentos, mediante la aplicación de sistemas digitales que permitan seguir el recorrido de los productos pesqueros y acuícolas, incluidos los importados y transformados, a lo largo de toda la cadena de suministro de aquí a 2029.

Además, estudiará ampliar la información obligatoria que reciben los consumidores sobre determinados productos preparados y conservados, mientras que en 2027 lanzará una campaña para fomentar el consumo de pescado y marisco producido en la Unión Europea y promover una mayor variedad de especies.

El plan también contempla intensificar la lucha contra la pesca ilegal, reforzar la cooperación con terceros países y desarrollar nuevos acuerdos internacionales que permitan garantizar el suministro, al tiempo que Bruselas insiste en la necesidad de proteger a las empresas comunitarias frente a prácticas que considera de «competencia desleal».

Por último, la Comisión reconoce que las actuales normas que obligan a desembarcar las capturas de especies reguladas, incluidas las no deseadas, no han dado los resultados previstos en su aplicación práctica, por lo que abrirá un diálogo con el sector antes de que termine el año para estudiar posibles soluciones, entre ellas el uso de nuevas tecnologías y sistemas de registro más completos.

El Ejecutivo comunitario ha invitado a los Estados miembro y a las autoridades regionales a adaptar las prioridades de esta estrategia a las necesidades de sus respectivas flotas y comunidades costeras, aunque buena parte de las medidas anunciadas deberán concretarse todavía mediante futuras propuestas legislativas y decisiones de financiación.