El Pleno del Ayuntamiento de Lugo ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria, la modificación inicial de varias ordenanzas fiscales con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de alquiler, impulsar la actividad empresarial y favorecer la creación de empleo y la retención del talento local.

Entre las medidas planteadas figura una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios que incorporen sus viviendas al programa municipal Lugo Aluga, destinado a movilizar inmuebles para el alquiler a precios asequibles y ofrecer garantías tanto a los propietarios como a las personas que buscan una vivienda.

La reforma también contempla reducciones de hasta el 80% en el IBI, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para favorecer la implantación de nuevas empresas y la ampliación de las instalaciones de las ya existentes en el municipio. Las bonificaciones estarán vinculadas a la creación de empleo y se aplicarán conforme a las condiciones establecidas en las respectivas ordenanzas.

La aprobación inicial afecta también a la Ordenanza Fiscal General y a la normativa reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Durante la sesión, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, ha calificado de «preocupante» la modificación de las ordenanzas fiscales propuesta por el gobierno municipal porque «las bonificaciones previstas en impuestos podrían dificultar el mantenimiento de la estabilidad económica del Ayuntamiento».

Arroxo ha recordado la etapa de gobierno municipal del Partido Popular en los años noventa y que entonces se llegó a una situación de inestabilidad en la que algunos proveedores dejaron de querer trabajar con el Ayuntamiento debido a los retrasos en los pagos. El portavoz nacionalista ha comparado aquella situación con la actual, asegurando que, desde la llegada del PP al gobierno municipal, «siguen produciéndose retrasos en los pagos a pequeños proveedores».

El BNG también ha cuestionado el reparto de los beneficios fiscales, ya que considera que las bonificaciones están orientadas a las rentas más altas, algo que considera «injusto». Como ejemplo, ha aludido a la bonificación prevista para la compra de vehículos eléctricos «frente a la situación de quienes mantienen un coche diésel durante años porque no pueden permitirse cambiarlo». A su juicio, estas medidas favorecen a quienes tienen más recursos y pueden trasladar una mayor carga fiscal a quienes tienen menos.

MÁS VIVIENDA PÚBLICA

En relación con el acceso a la vivienda, Arroxo ha defendido que el BNG lleva años planteando medidas para evitar la especulación y aumentar la oferta de vivienda pública, por lo que aboga por «legislar para impedir que la vivienda se convierta en un bien destinado a la especulación», reclamando una mayor implicación de las administraciones en la construcción de inmuebles públicos.

Arroxo ha recordado que las competencias en materia de vivienda corresponden a los gobiernos autonómicos, pero que «el PP no construyó vivienda pública hasta la llegada de los fondos europeos Next Generation». El nacionalista ha calificado ese periodo de «15 años perdidos» y ha advertido de que, «cuando la Administración pública no construye vivienda, el mercado queda en manos privadas, con consecuencias para los precios».