La organización desarticulada por venta de droga en Galicia — a la que se incautaron más 143 kilos de estupefacientes en un operativo con localización de un camión en Perales de Tajuña (Madrid) para el transporte de mercancía — ocultaba dinero, que los investigadores atribuyen a este tráfico ilícito, en un bote de cacao y en una caja oculta en un armario.

Así lo han declarado agentes que han prestado testimonio en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña tras la detención de siete personas.

Uno de los agentes integrantes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) ha ratificado que uno de los acusados era el conductor del camión interceptado con sustancias estupefacientes en Perales de Tajuña (Madrid).

Otro, a su vez, de la furgoneta que realizó labores de «lanzadera» con el fin de detectar presencia policial en el trayecto. «No hubo terceras personas», ha asegurado sobre lo presenciado en ese momento en el marco del operativo desplegado.

Por otra parte, ha expuesto que durante la investigación presenció «muchas citas» entre los encausados y «alguna entrega» entre ellos. En la misma línea, una agente del operativo ha identificado también al conductor del vehículo lanzadera, el cual, según ha recalcado, realizaba «una clara maniobra de contravigilancia» de la cabeza tractora que portaba droga.

Asimismo, ha destacado que en el registro de una de las viviendas vinculadas con los acusados había una pequeña caja con dinero «oculta en un armario» y en la cocina «un bote de Nesquik con francos suizos en su interior». Algo que han corroborado otros efectivos en su declaración durante el juicio.

Uno de ellos también ha hecho referencia a «encuentros» entre los encausados y, en concreto, a una cita en la que dos de ellos «estuvieron manipulando el maletero de un vehículo».

OTROS TESTIMONIOS

En la jornada del martes, efectivos de la Guardia Civil han confirmado reuniones «muy sospechosas» entre los miembros de la banda, dedicada a traficar con cocaína, cannabis, MDMA y ketamina en Galicia.

Por estos hechos, siete acusados se enfrentan a un total de más de 55 años de prisión, con penas que van desde los 18 a los cuatro años y medio de cárcel, según su grado de implicación en el caso. Fiscalía también les reclama el pago de multas de hasta 6,2 millones de euros.

Cinco de los procesados en esta causa han estado presentes durante la vista. Un sexto ha comparecido por videoconferencia en la jornada del martes y debido al «deterioro» de su estado de salud, la Sala solicitó un «examen forense urgente» del hombre con el objetivo de obtener una «valoración de su capacidad cognitiva» para esclarecer si está en condiciones de prestar declaración.

El séptimo de los encausados no se ha presentado. Ante esta situación, los magistrados deben decidir si su ausencia está justificada y, en caso de rebeldía procesal, emitir una orden de búsqueda y captura, así como las consiguientes medidas cautelares en el momento de su localización para asegurar su presencia en el proceso.

HECHOS

Según el escrito del Ministerio Público, la investigación comenzó después de que el EDOA tuviese conocimiento de que uno de los acusados se dedicaría a la distribución y venta de sustancias estupefacientes. Las vigilancias desplegadas desde junio de 2023 permitieron constatar desplazamientos y encuentros con otros de los encausados.

Uno de los principales episodios tuvo lugar el 5 de octubre de 2023 cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron en Perales de Tajuña un camión conducido por uno de los acusados. En el interior del vehículo fueron localizados 141.756,44 gramos de resina de cannabis; 484,75 gramos de MDMA en polvo; otros 283,51 gramos de MDMA en comprimidos y 992,56 gramos de ketamina.

El 18 de octubre de 2023, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del EDOA dieron el alto en Teo (A Coruña) a una furgoneta que circulaba por la N-550. En un compartimento oculto de los asientos traseros fueron localizados cinco paquetes que contenían cocaína, con un peso total de aproximadamente cinco kilos.

A raíz de la investigación se practicaron posteriormente varios registros domiciliarios, en los que intervinieron dinero en efectivo, básculas de precisión, teléfonos móviles y material relacionado con el envasado de sustancias estupefacientes.