La concejala de Dereitos e Servizos Sociais de Santiago, María Rozas, ha negado que el Ayuntamiento sea el responsable de que las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no cobren sus nóminas de septiembre, tachando de «inaceptable» la actitud de la empresa adjudicataria, que se sirve de «excusas». «El Ayuntamiento ha pagado siempre en tiempo y forma», ha aseverado.
Rozas, en un rueda de prensa este miércoles, ha abordado el tema, reconociendo que Raxoi conoce los hechos desde este martes por los medios de comunicación y por las trabajadoras, y no por la empresa.
«El Ayuntamiento de Santiago no era conocedor de esta situación y sigue sin serlo oficialmente por parte de la empresa. Por tanto, la situación nos coge bastante por sorpresa», ha señalado.
La concejala ha salido así al paso de las acusaciones que apuntan directamente al Ayuntamiento, responsabilizándolos del impago de las nóminas. Sobre esto, ha afirmado muy tajante que están «al día» del pago de las facturas.
«Si es una excusa que trasladó la empresa, no es real, no es verdadera. El Ayuntamiento siempre ha abonado con esta empresa las facturas en el plazo legal que tiene contemplado según el marco normativo vigente», ha remarcado.
Ha detallado además que, a día de hoy, hay una «única factura» pendiente de pago, la correspondiente al mes de agosto, que fue registrada por la empresa el 17 de septiembre, «es decir, hace trece días».
María Rozas ha explicado además que el Ayuntamiento lleva meses haciendo requerimientos a la empresa para que acredite el pago de los salarios. «Todos sabemos que tampoco abonaron la paga extra del mes de junio», ha puntualizado.
Además de los requerimientos verbales, ha señalado, ya se han efectuado varios por canales oficiales. «Estamos aplicando las medidas que están a nuestro alcance, implementando sanciones tal como están recogidas en el pliego y tal y como nos demandaron las trabajadoras y los propios usuarios», ha defendido.
VEREA (PP) PIDE ACCIONES «INMEDIATAS»
Respecto a las medidas que toma el Ayuntamiento, Rozas se ha dirigido directamente al portavoz del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, para decirle que «lo que pide, lleva meses haciéndose».
Y es que Verea exigía al Gobierno municipal una «respuesta inmediata» a la problemática del SAF, concretamente que confirmasen si eran conocedores de la situación y qué actuaciones se estaban tomando.
El líder popular incidía especialmente en el impacto que esta situación tiene sobre las familias de las trabajadoras. «En un momento especialmente complicado por el coste de la vivienda y de la vida diaria, dejar a 200 trabajadoras sin su nómina significa ponerles mucho más difícil pagar el alquiler o la hipoteca, hacer la compra o afrontar los recibos. No pueden ser ellas las que soporten las consecuencias de esta situación», denunciaba.
«Un gobierno que se define como social no puede permanecer impasible cuando 200 trabajadoras de un servicio público esencial no cobran. La sensibilidad social se demuestra en estos momentos: estando al lado de las personas y buscando soluciones», enarbolaba.
Para Verea, la situación evidencia también los problemas de gestión municipal en el día a día. «Un Ayuntamiento también se mide por conseguir que las cosas funcionen todos los días. Aquí tenemos trabajadoras que no cobran y personas mayores y dependientes que necesitan que este servicio funcione. El gobierno municipal tiene que actuar y dar explicaciones», alegaba.
EL AYUNTAMIENTO NO DESCARTA LA VÍA JUDICIAL
La concejala tampoco descarta que el Ayuntamiento recurra a la vía judicial. «No es de recibo que las administraciones locales avalen los malos funcionamientos de las empresas en los contratos públicos pagados con los recursos de todos y, por tanto, abrimos esa primera sanción (…). Tenemos en los siguientes días diferentes reuniones para evaluar la situación, también con los diferentes departamentos jurídicos, pero todo lo que esté al alcance del Ayuntamiento se hará», ha insistido.
«Me parece inaceptable, por no utilizar otro término, que una empresa que factura millones de euros no le pague su salario a las trabajadoras, que no tienen un salario que se pueda considerar que estén en buenas condiciones económicas, más bien al contrario», ha afeado.
Asimismo, ante la situación, ha avanzado que nunca fue la intención del Gobierno municipal agotar la totalidad de la prórroga del contrato con la empresa. De hecho, ya está en licitación el nuevo contrato que, recuerda, incrementa su dotación superando los siete millones de euros.
«Y quiero lanzar un mensaje claro. El Ayuntamiento de Santiago no incrementa el presupuesto que sale de los recursos y de los impuestos de los vecinos para enriquecer a las empresas, sino para garantizar el mejor servicio y las mejores condiciones laborales para el personal», ha remarcado.
«Nuestra prioridad está clara. Son los usuarios y los trabajadores (…). Ha quedado en evidencia que el problema no lo estaba ocasionando el Ayuntamiento, sino la actitud irresponsable de esta empresa», ha asegurado.
UGT: «NO ES UNA CUESTIÓN PUNTUAL»
El sindicato UGT también se ha pronunciado sobre la polémica y critica que sean las trabajadoras del SAF las que «paguen las consecuencias» de un conflicto entre empresa concesionaria y Ayuntamiento.
«No estamos hablando de una cuestión puntual: estamos ante un problema que se repite y que está generando una situación de abandono absoluto de las trabajadoras y un deterioro de un servicio esencial para personas que necesitan atención todos los días», denuncian.
«Está muy bien hacer discursos sobre los cuidados, sobre las personas mayores y sobre la importancia de los servicios públicos. Pero los discursos no pagan las nóminas ni solucionan los problemas. Hacen falta medidas reales e inmediatas», señala el sindicato.

