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La Xunta recurre al Supremo la condena que «modifica doctrina» por la que debe indemnizar daños morales por temporalidad

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La directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, Nuria Aguilar, ha informado de que la Xunta presenta recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del pasado mes de julio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que condenó a la Administración gallega por abuso de temporalidad de una interina durante años, con una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

En una comparecencia en la Comisión de Economía del Parlamento, la directora xeral señala que con esa reciente condena –que se suma a una similar del TSXG a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil– el alto tribunal gallego «modifica la doctrina» al aplicar la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, «al considerar que obtención de una plaza fija no repara por sí misma el abuso de la temporalidad».

El TSXG estimó el recurso presentado contra una resolución emitida por el Juzgado de lo Social número 4 de Vigo. Reconoció el pago de una indemnización de 10.000 euros a una terapeuta ocupacional por parte de la Consellería de Política Social e Xuventude y la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia ante el daño moral derivado de haber permanecido «en situación de abuso durante más de 15 años», entre 2007 y 2023.

Al respecto, Nuria Aguilar señala que diferentes altos tribunales de comunidades «fijaron criterios y cuantías dispares», por lo que «se hace necesario» un pronunciamiento del Supremo al respecto «de modo expreso respecto a las cuantías indemnizatorias fijadas en estas sentencia» para unificar doctrina.

Ante las críticas de la oposición a una alta temporalidad en la Administración gallega, que el PSdeG ha cifrado en el 26%, la directora xeral ha defendido los procesos de estabilización de empleo para «reducir la tasa de temporalidad estructural». Igualmente, apunta al absentismo como «una de las causas» de la temporalidad «coyuntural», por lo que el plan que prepara la Xunta en ese ámbito «contribuirán a su reducción».

TOMA DE POSESIÓN DE 3.000 FUNCIONARIOS

Por otra parte, la responsable de Emprego Público ha detallado que en las próximas semanas tomarán posesión cerca de 3.000 funcionarios de cuerpos generales: 1.075 en el concurso de traslados, cerca de 1.100 en los procesos selectivos ordinarios o de funcionarización y más de 750 en los procesos selectivos de estabilización derivados de la ley 20/2021.

Asegura que la coordinación en las tomas de posesión permite que no se afecte a la prestación de los servicios públicos.

Apunta que en mayo se puso en marcha el proyecto piloto para testar la convocatoria de un concurso abierto y permanente en la administración general para una gestión «más dinámica» de la provisión de puestos.

Así, se convocaron «los concursos de traslados de todos los cuerpos, escalas y especialidades para que las personas con mayor antigüedad tuviesen preferencia a la hora de seleccionar puesto». En primer lugar eligen las personas con más antigüedad en la administración, que participaron en el correspondiente concurso de traslados. En segundo lugar, eligen las que se encuentran prestando servicios en adscripción provisional, pendientes de un primer destino definitivo. Y, en tercer lugar, eligen las que superaron procesos selectivos de estabilización.

Aguilar subraya que al mismo tiempo que se tramitaron los procesos selectivos extraordinarios de estabilización y se resolvieron los concursos de traslados, se continuó «con el desarrollo y convocatoria de procesos selectivos ordinarios de acceso libre y de promoción interna».

Enfrente, Patricia Iglesias (PSdeG) ha cargado contra el «caos» en la función pública y pide «un poco de autocrítica» a la Xunta. Denuncia falta de planificación y un «abuso» de comisiones de servicio para «favorecer la red clientelar que practica el PP».

A renglón seguido, Iago Tabarés (BNG) ha cargado contra que en la Xunta solo «son diligentes en destrozar la función pública gallega». Reprocha una precarización de empleados públicos con pérdida de poder adquisitivo, temporalidad y «arbitrariedad» a través de las comisiones de servicios.

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