Los docentes de la enseñanza concertada en Galicia arrancarán el curso escolar el próximo 9 de septiembre con una huelga parcial, de 9,00 a 12,00 horas, para exigir a la Xunta que convoque la mesa de negociación y establezca un calendario que les permita recuperar los «acuerdos bloqueados», algunos de ellos «desde hace 17 años», y les permita homologar sus condiciones laborales a los profesores de la pública.

Todos los sindicatos del ramo han ofrecido este lunes una rueda de prensa conjunta para explicar sus reivindicaciones, que les llevarán, como primer paso, a una huelga por horas este miércoles y a protestas en Santiago, Vigo, A Coruña, Ourense y Lugo. «Y si no nos ofrecen un calendario de negociación, nosotros le presentaremos un calendario de movilizaciones», ha dicho el representante de UGT, José Antonio Míguez.

Tal y como ha explicado Yolanda Benito, de FSIE, se trata de una «situación compleja» que «viene de lejos», concretamente de acuerdos retributivos «ya publicados en el DOG» que fueron «bloqueados» por cuestiones económicas «algunos desde hace 17 años» y que han llevado a «empeorar a lo largo de todos estos años las condiciones laborales» de este colectivo.

«Cuentan con nosotros para la burocracia y las obligaciones que van aumentando año a año, pero cuando llega el momento de convocar la mesa tripartita, nos encontramos con problemas financieros que no permiten cumplir los acuerdos», ha añadido Yolanda Benito, que ha precisado que esta situación afecta en Galicia a más de 7.000 profesionales.

El colectivo concluyó el curso pasado «con movilizaciones», pero «no hicieron que la consellería cambiase de actitud», lamentan. En particular, le afean que la reducción de carga lectiva «no sea de aplicación en la enseñanza concertada» y los acuerdos retributivos en suspenso, que podrían suponer, cifran, «entre 28.000 y 30.000 euros».

«No estamos reclamando privilegios, queremos unas condiciones dignas», ha apuntado la representante de FSIE, que ha incidido en que «no puede ser» que «los derechos de los trabajadores» y la «homologación real de las condiciones laborales y de los salarios» con la pública «sea inabordable». «Son reclamaciones justas que pueden ser atendidas si hay voluntad de negociación», ha apostillado.

En la misma línea, José Antonio Míguez, de UGT, ha admitido que «son tantos temas» los que hay en el tintero que piden no que se apliquen de inmediato, si no «un calendario de negociación» para irlos abordando. «Solo queremos sentarnos a negociar», ha añadido.

TRABAJADORES LOW COST

También la representante de CC.OO., Tania Alonso, ha afeado el «bloqueo sistemático de la negociación colectiva por parte de la consellería», que busca «privatizar servicios públicos con trabajadores low cost». «No es de recibo las diferencias clamorosas entre compañeros de la enseñanza», ha apostillado, criticando también los servicios mínimos fijados por la consellería para las horas de huelga, que «cuadriplican o quintuplican los servicios mínimos que se suelen establecer en la pública».

Juan Lemos, de FEUSO, ha criticado, por su parte, la «actitud totalmente prepotente» de la consellería y que la mesa de negociación tripartita «venga a ser un telediario para comunicarnos decisiones que normalmente ya están firmadas por ellos», al tiempo que ha reclamado desbloquear su situación. «Llevamos 20 años con esta problemática y estamos abiertos a la posibilidad de ir despacio, pero con un calendario», ha explicado Juan Lemos, mientras que Manolo Alonso, de SNEP, ha querido hacer mención de manera especial al Personal de Administración y Servicios de estos centros, que «están por debajo del salario mínimo y, para poder llegar al salario mínimo, se les está restando de sus trienios». «Reclamamos que haya algún tipo de complemento para que estas personas puedan sobrevivir», ha reclamado.

Para concluir, Enrique García, de la CIG, ha hecho un «llamamiento a la responsabilidad» al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que «tiene la consellería realmente convertida en una fábrica de conflictos». «Que cambie el rumbo de sus políticas educativas y que mire por la calidad de la enseñanza en Galicia», ha clamado el representante de CIG, que ha visto en el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «el verdadero responsable de esta situación de precariedad laboral y de conflictividad».