UGT Galicia y Sumar Galicia han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a una vivienda digna en Galicia, una propuesta que busca dar una respuesta legislativa a la actual crisis habitacional. Entre sus medidas, proponen un precio máximo de alquiler de un tercio del salario mínimo y ampliar las plazas de las residencias públicas.

En la presentación participaron la vicesecretaria xeral de Dereitos Sociais de UGT Galicia, Ana María Pereiro Mourelo; el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López; la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero; y el secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros.

Paulo Carlos ha comenzado las intervenciones explicando que esta iniciativa surge ante la «inacción» del Gobierno gallego para tratar de solucionar la crisis de vivienda y ante un marco normativo desbordado por la emergencia habitacional. «La vivienda es un activo y es susceptible a la especulación. Los poderes públicos deben ser valientes e intervenir el mercado a favor de los intereses públicos», ha subrayado.

Por ello, ha relatado Barbero, la ILP propone limitar los precios de los alquileres estableciendo como referencia que una vivienda destinada a residencia habitual no debería superar un tercio del salario mínimo interprofesional.

«Tenemos que dejar de hablar de este problema como si fuese una especie de fenómeno inevitable, algo que simplemente sucede porque los precios suben. La crisis de la vivienda es resultado de decisiones que se toman y sobre todo de decisiones que no se toman», ha remarcado.

Según se expone en el documento de la ILP, la vivienda de referencia será de 60 metros cuadrados útiles y el precio máximo por metro cuadrado del alquiler resultará de dividir el límite establecido anteriormente por la superficie de la vivienda.

Para aquellas viviendas con una superficie útil inferior a la de referencia, el precio se determinará multiplicando el precio máximo por m2 por la superficie real del inmueble, mientras que, en el caso de viviendas con una superficie superior, se aplicará un coeficiente de proporcionalidad decreciente, de modo que el precio por m2 por encima de los 60 metros útiles no pueda superar el 90% del precio de la vivienda. Aquellos contratos que superen los límites fijados se considerarían nulos.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Sin embargo, esta problemática no solo afecta a las viviendas habituales. La co-coordinadora estatal de Sumar ha alertado de que el acceso a las universidades empieza a depender ya de si una familia o tuve familia puede pagar una habitación en ciudades como Santiago o Vigo. «Pasamos de hablar de vivienda a hablar de igualdad de oportunidades», ha enfatizado.

Ante esto, la ILP plantea establecer precios máximos para las residencias universitarias y un compromiso para aumentar progresivamente la oferta pública, con el objetivo de que en un plazo de diez años el 80% de las plazas de las residencias universitarias sean públicas o concertadas.

De esta forma, la iniciativa contempla que a partir de su entrada en vigor las tarifas máximas mensuales sean de 300 euros, en el caso de habitaciones individuales con baño compartido; 350 euros para las que tengan baño propio; 250 euros, para habitaciones doble con baño compartido; y 400 euros para los estudios o miniapartamentos.

A mayores, expone que el complemento máximo por pensión completa o media pensión sea de 80 euros/mes adicionales, cuando el servicio se preste en régimen voluntario o separado de la tarifa básica. Dichas tarifas, incluirían los servicios esenciales de suministración, limpieza y uso de zonas comúnes.

Estos límites serían aplicables a todas las residencias universitarias privadas situadas en Galicia y se prohibiría la utilización de cargos o suplementos encubiertos, así como de otros mecanismos con el objetivo de eludir los precios fijados.

En este punto, la ILP plantea que la Xunta apruebe, de llegar a entrar en vigor esta ley, un Plan Galego de Prazas de Residencias Universitarias, para garantizar una oferta pública suficiente y cubrir la demanda de alojamiento de los estudiantes. Todo ello con el objetivo de que en un plazo de tres años, el 40% –como mínimo– de plazas de residencias en Galicia sean públicas; en seis años, la cifra aumente al 60% y en diez alcance el 80%.

HOGARES VULNERABLES

En este contexto, el secretario xeral de UGT Galicia se ha referido a los hogares especialmente vulnerables, explicando que la iniciativa propone que estos no tengan que destinar más del 20% de sus ingresos disponibles al alquiler de su vivienda habitual. Cuando se supere ese porcentaje, la Xunta debería activar un programa complementario para cubrir la diferencia necesaria.

La iniciativa dedica una parte específica a las viviendas de uso turístico, especialmente en aquellas zonas de Galicia donde la presión turística está reduciendo la disponibilidad de vivienda habitual. «No estamos contra el turismo. El turismo crea riqueza y empleo. Estamos en contra del fraude el descontrol y la expulsión de los vecinos a causa del mismo», ha expresado Medeiros.

Así, la ILP propone que, antes de destinar una vivienda a uso turístico, exista una licencia municipal de actividad o un pronunciamiento expreso sobre su compatibilidad urbanística. También plantea reforzar la inspección y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones mediante el cruce de datos.

Además, UGT Galicia reclama que la regulación del turismo vaya acompañada de una mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en este sector, en áreas como la limpieza, la recepción o la atención de reservas.

PLAZOS

Según lo previsto, Sumar presentará la ILP a los grupos parlamentarios –PP, BNG y PSOE– para solicitar su apoyo en la Cámara gallega. Paralelamente, se habilitará una recogida de firmas electrónica y presencial, ya que se requieren un mínimo de 10.000.

De ir cumpliéndose los plazos, el calendario que manejas es que la admisión a trámite tenga lugar la tercera o cuarta semana de octubre; la recogida de firmas entre diciembre-marco o enero-abril; la entrega de las firmas entre abril y mayo; y la defensa en el Parlamento en octubre o noviembre de 2027. «De aquí a 14 meses esperamos defender y aprobar esta ILP», ha concluido Paulo Carlos.