El catedrático de la Universidad de Salamanca Francisco José Plaza Martín ha presentado una investigación que acredita «un incumplimiento generalizado» de la reserva legal de plazas para personas con discapacidad en el personal docente e investigador (PDI)permanente de las universidades públicas españolas.

La investigación, centrada en la aplicación de esta medida durante la década 2016-2025, ha revelado que la reserva de plazas debería haberse aplicado en 480 ocasiones en 48 universidades durante diez años, pero solo se ha podido comprobar su cumplimiento en siete ocasiones, cifra que el estudio describe como «anecdótica». El catedrático ha estimado que «un mínimo de 2.000 las plazas que no fueron reservadas para personas con discapacidad durante ese periodo».

Plaza Martín ha subrayado que estos datos «no proceden de estimaciones, estadísticas generales ni cuestionarios», sino que han sido obtenidos tras más de un año de investigación mediante solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a todas las universidades públicas españolas y están respaldados por resoluciones rectorales.

El investigador ha advertido de que «la dimensión real del incumplimiento podría ser todavía mayor», estimando que el número de plazas no reservadas «podría rondar las 3.000, únicamente en el ámbito de las figuras permanentes del PDI».

El estudio ha puesto de relieve importantes carencias en materia de transparencia y trazabilidad de los datos. Algunas universidades no respondieron a las solicitudes de información, otras manifestaron no disponer de registros o establecieron dificultades para acceder a ellos. Plaza Martín ha señalado que estos datos «tampoco forman parte de las principales estadísticas públicas universitarias, como el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), ni de los datos que las universidades están obligadas a publicar en sus portales de transparencia».

El catedrático ha advertido de que «la ausencia de información accesible, homogénea y comparable contribuye a invisibilizar la situación y dificulta verificar el cumplimiento efectivo de la reserva legal».

El estudio plantea que las universidades deberían publicar activamente el número de plazas de PDI convocadas y el número de plazas efectivamente reservadas, ya que existen casos en los que las plazas aparecen inicialmente en las ofertas de empleo público pero finalmente no se convocan por el turno de reserva.

Entre las experiencias positivas, Plaza Martín ha destacado la política de la Universidad de Barcelona, que considera «un modelo especialmente garantista», así como determinadas convocatorias realizadas por la UNED y las universidades de Jaén y Zaragoza.

El estudio también ha constatado que el porcentaje de PDI con discapacidad se encuentra «muy lejos del objetivo legal del 2 %», así como de los niveles observados en otros sectores educativos.

OBSTÁCULOS

La investigación ha identificado además diferentes obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad a lo largo de su trayectoria académica. Aunque existe una reserva del 5 % para estudiantes con discapacidad en los estudios de grado y posgrado y en los contratos predoctorales del Ministerio, «esta protección no se mantiene de manera generalizada en los contratos temporales de acceso a la carrera docente». A ello se suma que «son minoría las universidades que disponen de procedimientos reglados y aprobados para realizar adaptaciones del puesto de trabajo».

Por ello, CERMI ha reclamado que las universidades públicas y las comunidades autónomas asuman plenamente sus responsabilidades para garantizar que la reserva de plazas sea «una verdadera herramienta de igualdad de oportunidades y no una obligación legal de aplicación meramente formal». La entidad ha considerado imprescindible mejorar los sistemas de información y estadística, incorporar los datos sobre PDI con discapacidad al Sistema Integrado de Información Universitaria y completar el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

CERMI ha compartido, asimismo, la necesidad de que se produzca «un seguimiento, evaluación y replanteamiento de esta política pública, superando la fragmentación de competencias, la dilución de responsabilidades y la ausencia de indicadores que han caracterizado hasta ahora su aplicación en el ámbito universitario». Plaza Martín ha reclamado como prioridades el cumplimiento real de la reserva, la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades autónomas y las universidades y la mejora de los sistemas de información y estadística.

El catedrático ha reivindicado finalmente «una universidad coherente con los valores de apertura, igualdad, tolerancia y responsabilidad social que proclama», considerando que estos principios «no pueden quedar en declaraciones abstractas, sino que deben traducirse en realidades tangibles».

Plaza Martín ha explicado que «la imagen pública de una universidad se transmite principalmente a través de las personas que la integran», por lo que considera especialmente importante que el profesorado universitario desempeñe un papel social e integrador y que las personas con discapacidad puedan encontrar en él modelos de referencia.