Comisiones Obreras y UGT han comunicado formalmente a la Asociación Estatal de Entidades de Servizos de Atención a Domicilio (Asade) su intención de iniciar las actuaciones necesarias para solicitar la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación a las trabajadoras del servicio de axuda no fogar (SAF) en España.

En un comunicado, CC.OO. ha explicado su intención, al entender que en el sector concurren las condiciones necesarias para estudiar y reconocer el acceso anticipado a la jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores.

«El trabajo desarrollado diariamente por estas profesionales exige una elevada carga física, posturas forzadas, movilización de personas dependientes, desplazamientos continuos, exposición a riesgos psicosociales y una importante responsabilidad emocional. Todo esto se produce, en muchas ocasiones, en condiciones laborales insuficientemente reconocidas, pese al carácter esencial del servicio que prestan a miles de personas mayores, dependientes y familias», ha subrayado CC.OO.

Junto con UGT, han propuesto a Asade la presentación conjunta de la solicitud, mediante la participación de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en el sector.

MANIFESTACIÓN

Por su parte, la CIG ha convocado para el próximo miércoles, día 29 de julio, una manifestación en O Porriño (Pontevedra) cuando se cumple un año del fallecimiento de la trabajadora del SAF Teresa de Jesús en una de las casas a las que acudía: «El sector no olvida».

En rueda de prensa, el responsable nacional de CIG-Servizos, Pedro Pérez, ha recordado la tragedia ocurrida en julio de 2025 en la parroquia de Atios, subrayando que desde aquel momento el sindicato ha hecho «todo lo posible» para «erradicar» las situaciones de violencia en el sector.

Al respecto, tanto él como la secretaria comarcal das Mulleres de CIG Vigo, Ester Mariño, han hablado del protocolo ante situaciones de violencia del SAF firmado por sindicatos, patronal y diversos agentes negociadores a excepción de la Consellería de Política Social (aunque sí fue firmado por Instituto Galego de Seguridade y Saúde Laboral, organismo de la Xunta de Galicia).

«Un año después, tras una negociación muy intensa (…) la Consellería se niega a firmar y deja el protocolo sin ningún tipo de efecto», han lamentado, explicando que dicho protocolo llevaba aparejado un anexo con las diferentes acciones necesarias para que pudiese tener efecto, como cambios legislativos que debería llevar a cabo el Gobierno autonómico. No obstante, el ISSGA solo firmó el protocolo, pero no este anexo.

Desde la CIG han insistido en pedir también un nuevo convenio para el sector, que suponga tanto mejoras salariales como laborales para las trabajadoras, en su gran mayoría mujeres. También reivindican más seguridad para ellas y la posibilidad de que puedan dejar de acudir a una de las viviendas en caso de agresión sin que suponga para ellas una reducción de sus horas, con la consecuente bajada de sus ingresos, entre muchas otras reclamaciones.

La manifestación de este miércoles partirá del Centro Cívico de O Porriño hasta el Ayuntamiento a partir de las 11.30 horas y clamará por un sistema público gallego de atención a las personas, lamentado la CIG que la privatización de este servicio solo supone «precariedad».